Un juzgado catalán ha archivado la causa contra dos empresarios encargados de producir material propagandístico del 1 de octubre porque alegaron, entre otras cosas, que no sabían que el referéndum era ilegal.
La denuncia presentada contra Marc y Ricard Martí, responsables de la compañía MM Barcelona, fue archivada el pasado 20 de febrero por el Juzgado de Instrucción número 20 de la capital catalana. La Fiscalía dio también el visto bueno al archivo de la causa abierta contra ellos por los supuestos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos.
“Difícilmente puede tenerse como notificación válida la publicación en el BOE de una providencia dictada por el Tribunal Constitucional, cuando el receptor es un simple empresario quien no se informa diariamente de lo publicado en los diarios oficiales”, alegó la defensa de los empresarios, tal y cómo publica Vozpópuli. La estrategia de que no leen el BOE y que no conocían de la ilegalidad del referéndum, a pesar de que la Fiscalía dejó claro que se trataba de algo público y notorio, les sirvió para conseguir sus pretensiones.
Los empresarios recibieron el encargo por parte de la Generalitat el 28 de agosto, y el material -más de 80.000 carteles publicitarios– llegaron a sus almacenes el 15 de septiembre. Ese mismo día fueron requisados por la Guardia Civil y no pudieron ser utilizados para la campaña del referéndum ilegal. Además, los hermanos Martí han corroborado que la administración autonómica no les abonó el precio del material.
Nuevamente investigado
Ricard Martí compareció el pasado mes de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona junto a otros empresarios, donde volvió a declarar como investigado pese al archivo del 20. Allí confesó que un intermediario de la Generelitat les encargó la publicidad y ratificó que no habían sido abonadas las facturas expedidas.
Entre las facturas que Buzoneo Directo S.L giró a la firma Marc Martí, presuntamente por la publicidad incautada en su nave, figuran una de 3.706 euros, otra de 12.500 y otra de 8.592, según documentación recabada por la Guardia Civil que obra en poder del juez.
Marc Martí, el otro hermano responsables de la empresa, fue uno de los acusados del caso del Palau de la Música por enmascarar, mediante facturas falsas, mordidas de Ferrovial a CDC, aunque fue absuelto por prescripción en la primera sesión del juicio por el expolio.
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