El exministro de Transportes y antiguo número tres del PSOE, José Luis Ábalos, ha sido señalado por el empresario Víctor de Aldama como receptor de supuestas comisiones ilegales ligadas a adjudicaciones de obra pública.
Según las pruebas documentales aportadas esta semana al Tribunal Supremo (TS), Ábalos habría negociado la adquisición de un inmueble en el Paseo de la Castellana de Madrid como garantía para asegurar el cobro de dichas comisiones, sin necesidad de realizar ningún desembolso económico personal.
De acuerdo con el testimonio de Aldama, el inmueble, valorado en 1,9 millones de euros antes de su reforma, formaba parte de un contrato de arrendamiento con opción a compra firmado el 24 de abril de 2019. Este acuerdo estaba condicionado al pago de comisiones futuras por parte de constructoras adjudicatarias de contratos públicos «preasignados».
Aldama detalla que una vez cumplidos estos compromisos, el contrato perdía eficacia y no se ejecutaba. «Ábalos no llegó a ocupar el inmueble, ya que el propósito del acuerdo se limitaba a garantizar su beneficio económico», asegura el empresario.
Las pruebas entregadas también incluyen documentos que identifican obras públicas de gran envergadura adjudicadas a constructoras supuestamente ligadas a la trama tras el pago de mordidas. Estas incluyen proyectos en la autovía del Mediterráneo (A-7), el tercer carril en tramos de Alicante y Murcia, la autovía de la Ruta de la Plata (A-66), y la autovía Mudéjar (A-23), entre otras. Según Aldama, estas obras fueron asignadas desde el Ministerio de Transportes con la participación activa de Ábalos y su asesor, Koldo García.
Además, Aldama confesó haber realizado entregas de dinero en efectivo a altos cargos del PSOE, como Santos Cerdán, secretario de Organización, y miembros del gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Tras ser liberado de prisión en Soto del Real, el empresario afirmó estar dispuesto a aportar todas las pruebas necesarias para respaldar sus declaraciones. «Si Pedro Sánchez quiere pruebas, no se preocupe, las tendrá», afirmó en respuesta a las declaraciones del presidente del Gobierno, quien calificó las acusaciones como «inventadas».
El empresario también ha proporcionado al Tribunal Supremo copias de los Presupuestos Generales del Estado de 2021, donde se identifican las partidas presupuestarias destinadas a las obras adjudicadas. Estas obras habrían sido asignadas a empresas vinculadas a la trama mediante procesos de licitación presuntamente amañados, conforme a los acuerdos previos entre las constructoras y los responsables políticos.
La investigación, apoyada por informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, busca determinar la magnitud de los sobornos y la implicación directa de Ábalos y otros altos cargos en la red.
