Las acusaciones han mantenido sus peticiones de penas de hasta 30 años de prisión para un colombiano de 29 años acusado de matar a un hombre de 73 años en Bilbao en octubre de 2021, tras haber contactado con él a través de una aplicación de citas para homosexuales.
El procesado, que se encuentra en prisión, está siendo juzgado por la Audiencia Provincial de Vizcaya por la muerte del varón, ocurrida el 5 de octubre de 2021 en su domicilio de Bilbao. La causa incluye también una presunta estafa de 3.000 euros, cantidad que el acusado habría transferido desde la cuenta de la víctima a la suya en el momento aproximado del fallecimiento.
El caso forma parte de una investigación mucho más amplia. Al colombiano se le imputan cinco muertes y dos intentos de asesinato de hombres con los que habría contactado mediante una aplicación de citas. Este es el segundo juicio con jurado por una de esas muertes.
El acusado ya acumula penas de 37 años de cárcel por el asesinato con alevosía de otro hombre con el que quedó a través de una aplicación homosexual en octubre de 2021, por una tentativa de asesinato cometida en diciembre de ese mismo año contra otro varón y por una estafa continuada consistente en sacar dinero de una tarjeta cuyo titular había muerto.
Durante la quinta sesión del juicio, celebrada este martes, las partes presentaron sus calificaciones finales. El Ministerio Fiscal mantuvo su petición de 16 años de prisión por homicidio y estafa continuada. La acusación particular elevó a definitiva su solicitud de 30 años por asesinato y robo con violencia, con agravante de reincidencia.
La acusación popular, ejercida por Gehitu, Asociación de Gais, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, solicita casi 29 años de cárcel por asesinato con alevosía, con la agravante de discriminación por orientación sexual, y estafa informática. La defensa, en cambio, pide la libre absolución al sostener que «no se ha probado absolutamente nada».
Las acusaciones reclaman además entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares del fallecido, así como la devolución de los 3.000 euros que el encausado habría transferido desde la cuenta de la víctima a la suya.
La Fiscalía considera acreditado que el acusado cometió los hechos «más allá de toda duda razonable». Según la representante del Ministerio Público, la autopsia sitúa la muerte en torno a las 21.00 horas del 5 de octubre de 2021. En ese mismo intervalo se realizaron dos transferencias desde la cuenta del fallecido a una cuenta de titularidad única del acusado: una de 2.000 euros a las 21.00 horas y otra de 1.000 euros a las 21.02.
La fiscal subrayó la importancia de esa coincidencia temporal. Según la información facilitada por la entidad bancaria, la víctima accedía a su aplicación mediante DNI y huella digital registrada en su dispositivo. El último acceso a la app bancaria tuvo lugar el 5 de octubre de 2021 a las 20.56 horas, y a las 21.00 y 21.02 recibió dos mensajes con claves de confirmación de un solo uso para autorizar las transferencias. Esos mensajes fueron posteriormente borrados manualmente.
Aunque agentes de la Ertzaintza indicaron que no es posible desbloquear un móvil con huella dactilar si la persona ya ha fallecido, la Fiscalía sostiene que ese dato no desmonta su acusación, ya que las transferencias coinciden con el tramo aproximado de la muerte. Con una horquilla situada entre las 20.00 y las 22.00 horas, la acusación entiende que la víctima seguía viva cuando se accedió a la aplicación y murió poco después.
Según el Ministerio Público, el acusado contactó con el hombre a través de una aplicación de citas, concertó un encuentro en su domicilio y acudió allí para obtener un beneficio económico. La Fiscalía sostiene que, una vez dentro de la vivienda, «no dudó en causar la muerte» del varón de 73 años y utilizó su huella dactilar para acceder al teléfono y realizar las transferencias mientras aún tenía vida.
Los informes de telefonía móvil y el análisis de antenas de la Ertzaintza sitúan como compatible que el acusado estuviera entre las 20.20 y las 21.15 horas en las inmediaciones del domicilio de la víctima, en la calle Gabriel Aresti, y a las 21.30 horas cerca de su propia vivienda, situada en la calle Cantera.
La Fiscalía también ha señalado que el conjunto de investigaciones por los presuntos homicidios, asesinatos y tentativas atribuidos al procesado muestra un patrón: recibía dinero de las víctimas y, cuando lo gastaba, buscaba nuevos ingresos. Además, aunque inicialmente se determinó una muerte natural, los forenses no pudieron descartar la asfixia como causa del fallecimiento.
Las acusaciones particular y popular han respaldado el relato del Ministerio Fiscal. El abogado de la familia sostiene que la muerte es compatible con un homicidio y eleva la calificación a asesinato con alevosía, al considerar que la víctima estaba confiada, relajada y esperando una cita, lo que anulaba cualquier posibilidad de defensa.
La acusación particular considera además que concurre la agravante de discriminación por orientación sexual, al entender que la homosexualidad de la víctima fue el factor que determinó su selección por parte del acusado.
La defensa ha rechazado por completo la tesis de las acusaciones y ha denunciado una «alineación conveniente de piezas». El abogado del procesado sostiene que su cliente siempre ha mantenido la misma versión: que recibía tarjetas de crédito y sacaba dinero, que había terceras personas implicadas y que él no mató ni asesinó a nadie porque, según afirma, ni siquiera estuvo con las víctimas.
