Bajo el título de «manifiesto en apoyo al Gobierno», figuras del mundo de la cultura, la política y el periodismo han firmado un texto que no solo defiende a Pedro Sánchez, sino que ataca abiertamente a jueces, periodistas e incluso a la Iglesia, acusándolos de colaborar en una presunta conspiración para derrocar al Ejecutivo.
La iniciativa llega en medio de la presión creciente por la imputación y encarcelamiento de Santos Cerdán —exnúmero tres del PSOE— en el marco de una trama de adjudicación de obra pública, así como el recrudecimiento del caso Ábalos. Lejos de condenar los hechos, el manifiesto minimiza los delitos como simples «errores de vigilancia» y exige blindar a Sánchez de toda consecuencia política.
Entre los firmantes figuran históricos del PSOE como Leire Pajín, José Montilla, Manuel Chaves o Juan Fernando López Aguilar, junto a representantes de la izquierda radical como Alberto Garzón y Manuel Castells. También lo rubrican sindicalistas (Ignacio Fernández Toxo, Antonio Gutiérrez) y los consabidos nombres del mundo del espectáculo: Pedro Almodóvar, Carlos Bardem, Miguel Ríos, Ana Belén, Loles León, Montxo Armendáriz o Víctor Manuel, entre otros.
No faltan escritores y periodistas afines, como Rosa Montero, Manuel Rivas, Luis García Montero o Jesús Maraña. Todos alineados para denunciar lo que llaman una «orgía de falsas noticias» por parte de los medios, y acusar a parte de la jerarquía eclesial de «romper la neutralidad política» por pedir elecciones anticipadas.
El texto acusa a las derechas de promover «calumnias», «odio al inmigrante» y «agresiones fascistas», sin mención alguna a los hechos que han motivado la indignación popular: contratos amañados, uso partidista de instituciones y enriquecimiento indebido de cargos del PSOE.
Sorprende además la crítica a la prensa libre —a la que acusan de crear un «clima irrespirable»— y el ataque directo a la Conferencia Episcopal, cuyo presidente pidió recientemente una convocatoria electoral. Para los firmantes, esto supone alinearse con la derecha y atentar contra la «democracia progresista».
El manifiesto denuncia que «un Gobierno legítimo no puede caer por un informe de la Guardia Civil», eludiendo que ese informe está sustentado en pruebas judicializadas y que los implicados ya han sido procesados. Concluye pidiendo la continuidad de la legislatura con «un programa actualizado de medidas sociales», sin aclarar cómo se puede avanzar en derechos si no se limpia antes la corrupción.
