La adjudicación de contratos públicos por parte de la Administración navarra se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política y judicial de los últimos meses, después de que varios informes oficiales y causas abiertas hayan puesto bajo sospecha la gestión del Ejecutivo que preside María Chivite.
Las pesquisas impulsadas tanto por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra y adelantadas por El Independiente dibujan un panorama de posibles irregularidades en adjudicaciones por valor de más de 86 millones de euros, en procedimientos vinculados a empresarios relacionados con Santos Cerdán y con el entorno del conocido como caso Koldo.
El último informe de Anticorrupción, fechado el pasado 15 de enero, centra su atención en cuatro contratos concedidos a la misma empresa por un importe conjunto de 797.692 euros para obras en el parque de naturaleza Sendaviva, incendiado en 2022. El organismo considera que existen indicios suficientes para concluir que el Gobierno foral pudo dividir de forma artificiosa un único contrato con el objetivo de eludir la obligación de convocar un concurso público.
Actuación de VOX
La formación de Santiago Abascal ha desplegado en los últimos meses una ofensiva política y judicial contra esta trama de adjudicaciones irregulares bajo el Gobierno de María Chivite en Navarra, centrada en las obras del parque de Sendaviva y en los contratos concedidos a la empresa Adentro Construimos SL. Desde junio de 2025, VOX ha ido destapando el supuesto troceo de contratos, la reforma del piso del exdirigente socialista Ramón Alzórriz y una cadena de adjudicaciones menores que, según denuncia, permitieron esquivar los concursos públicos.
Tras llevar el caso a los tribunales y presentar una querella contra altos cargos y responsables de empresas públicas, el partido ha impulsado comparecencias parlamentarias, solicitudes masivas de expedientes y denuncias ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra. En enero de 2026, la jueza de Pamplona abrió diligencias previas y reclamó los contratos de Sendaviva, mientras Anticorrupción emitía un informe alertando de posibles irregularidades en las adjudicaciones.
VOX sostiene que el Ejecutivo foral ha ocultado documentación y ha denunciado que Adentro Construimos acumuló más de 1,7 millones de euros en contratos «a dedo» en los últimos años. La formación promete continuar con nuevas acciones judiciales y políticas para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades en lo que califica como uno de los mayores escándalos de contratación pública de la etapa de Chivite.
