«Cuatro personas, sólo cuatro, engañaron a los inversores minoritarios ‘porque sabían que en el futuro el Grupo necesitaría capital'».
La Audiencia Nacional ha decretado este viernes la apertura de juicio oral contra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato; su exvicepresidente José Luis Olivas; una treintena de antiguos directivos de la entidad y la auditora Deloitte por estafa a los inversores y falsedad contable en la salida a bolsa de 2011. Así, y tras cinco años de instrucción, el titular del juzgado central de instrucción número cuatro, Fernando Andreu, pasa el testigo a la Sala de lo Penal.
Así analiza el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, la decisión del juez Andreu y lo que ha pasado desde aquel julio de 2012 hasta hoy:
«En julio de 2012 dos jueces de la Audiencia Nacional aceptaron a trámite dos querellas de UPyD sobre Bankia y Banca Cívica, los dos SIPs (Sistema Institucional de Protección) que habían salido a Bolsa en 2011. Antes de actuar, el juez Eloy Velasco pidió un informe sobre Banca Cívica al BdE; después de recibirlo archivó el caso.
El otro juez, Fernando Andreu, nunca ha pedido informes al BdE y acaba de abrir juicio oral sobre la salida a Bolsa de Bankia. Banca Cívica se lo quedó la Caixa, que acabó recibiendo ayudas públicas al quedarse con el Banco de Valencia.
Bankia y su matriz fueron nacionalizadas en mayo del 2012, con un ingreso de fondos públicos de 18.000 millones de euros, cantidad solicitada públicamente por el nuevo presidente, Goirigolzarri, para aceptar hacerse cargo. El BdE nunca ha avalado esta cantidad, en abril de 2012 había aprobado los planes de capitalización presentados por BFA-Bankia.
Durante la instrucción del caso Bankia todos los comparecientes han reiterado que el Grupo había cumplido escrupulosamente con los requerimientos del BDE y la CNMV; no hay en el sumario ni un solo documento oficial, ni una testifical, que acuse al Grupo de irregularidades contables o financieras. Sin embargo, el Juez Andreu se ha apoyado en los peritajes de dos inspectores del BdE que han afirmado al menos dos cosas distintas, reconociendo desde el principio que no iban a tener en cuenta los documentos del BdE sobre el caso «para mantener su independencia».
Primero sostuvieron que las provisiones de más de 6.000 millones de euros que aparecían en el balance de salida a Bolsa eran falsas. Gracias al Frob (en su escrito de contestación a este peritaje, apoyado en documentos técnicos del BdE -que Andreú se negó a solicitar), pero sobre todo gracias al informe del BdE enviado a un juzgado mercantil de Navalcarnero, el sumario acabó recibiendo la opinión oficial del BdE: había más de 6.000 millones de provisiones disponibles en el balance de Bankia en su salida a Bolsa. Cosa que ya en el verano del 2014 habían ratificado inspectores del BDE, CNMV, Deloitte, los bancos colocadores… todos los testigos y peritos que habían testificado en la causa. Pero al hilo de este primer peritaje, el Tribunal Supremo declaró nula la salida a Bolsa aunque solo para los inversores minoritarios.
Contra reservas
Como consecuencia de las pruebas documentales del BdE que respaldaban la existencia de las provisiones que habían llegado al sumario de manera indirecta, los peritos cambiaron su enfoque. Ahora la cuestión era que las provisiones surgidas de la fusión de 2010 habían sido contabilizadas contra reservas, no contra la cuenta de resultados.
Poco importó que esta decisión estuviera desde luego amparada por el BdE, su Comisón Ejecutiva, la CNMV, todos los auditores privados… Tampoco que esta práctica fuera la aplicada en todos los SIPs de la época -en las fusiones bancarias anteriores o posteriores-, los peritos y el juez Andreu consideraron que el Balance inicial del SIP BFA ocultaba pérdidas.
Es significativo que en esas mismas fechas el BDE no solo aprobó la fusión sin reparos, como lo hizo el FROB, sino que además envió cartas a todos los Consejos de Administración de las 7 Cajas, también del SIP BFA, donde se indicaba pormenorizadamente la pérdida esperada de cada caja en los próximos dos años que quedaría cubierta por los 4.600 millones aportados por el FROB a BFA, lo que exigía que los planes de negocio de Bankia tuvieran que ser aprobados previamente por el FROB, con un seguimiento trimestral. BFA estaba desde 2010 intervenida por el Ministerio de Economía.
Los peritos judiciales sostienen que el descuento del 75% sobre el valor en libros que se produjo en la salida a Bolsa de Bankia es una prueba irrefutable de un agujero contable.
No existe normativa contable ni práctica del mercado que coincida con esta interpretación. Es más, hay muchos ejemplos ahora y en otros momentos de sociedades, incluso de sectores, que en determinadas circunstancias cotizan por debajo de su valor en libros sin que los reguladores lo consideren un caso de falsedad contable.
Justicia sobre personas
Pero con esta tesis los peritos consiguen llegar a que la reformulación de cuentas planteada por el nuevo equipo -por » circunstancias sobrevenidas » según el acta del Consejo donde se aprobó- venía a reflejar la pérdida contable reconocida con el descuento por el mercado en la salida en Bolsa en julio 2011. El juez Andreu ha preferido no tener en cuenta aquí la opinión de la CNMV, los bancos colocadores, el hecho que dos de las principales agencias mundiales de rating le dieran entonces a Bankia el grado de inversión (superior al que tiene ahora ). Tampoco que durante 9 meses, hasta la nacionalización, sus acciones cotizaron igual o mejor que el resto del sector, que incluso después de la reformulación Bankia tenía un patrimonio neto positivo, o que la reducción del capital a cero fue una imposición europea derivada de las ayudas solicitadas. Tampoco que hoy, después de haber devuelto 1.800 millones a los minoritarios, Bankia tiene más capital que sus competidores o que como consecuencia del exceso de provisiones empezó a dar beneficios en 2013.
El juez Andreu abre juicio oral contra los Consejos de Bankia y BFA, pero no contra el BdE, la CNMV o el FROB. ¿Justicia sobre personas no sobre hechos?
Mientras, la Fiscalía y el FROB afirman que las cuentas eran correctas, que la organización interna de gobernanza de Bankia era más que suficiente, que el folleto de salida a Bolsa contenía un detalle exhaustivo de los riesgos («excesivo para un inversor normal hasta abrumarle»), que el FROB apoyó la salida a Bolsa… pero que cuatro personas, sólo cuatro, engañaron a los inversores minoritarios ‘porque sabían que en el futuro el Grupo necesitaría capital'».
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