Las cartas del mercado laboral asturiano están sobre la mesa pero el que tiene capacidad para barajarlas y repartirlas, que es el Gobierno socialista de Adrián Barbón, ha optado por cruzarse de brazos pese a la sangría que se está produciendo en la región. En concreto, Asturias pierde 1.000 autónomos al año ante la pasividad de las izquierdas, que han preferido tumbar con sus votos en contra, en la Junta General del Principado, una propuesta de VOX en la que se contempla un plan de apoyo a emprendedores, autónomos y empleo joven.
En los últimos cinco años Asturias ha pasado de 73.596 autónomos que tenía en verano de 2019, a los 70.833 que tenía este verano; y se calcula que en los próximos cinco se jubilarán unos 30.000. Es cierto que ha habido una pandemia —la eterna excusa a la que se agarra como un clavo ardiendo el Gobierno socialista asturiano— pero también es una realidad constatable la ausencia de políticas que traten de frenar esta situación. Una de estas iniciativas destinada a frenar la pérdida de puestos de trabajo de autónomos la llevó VOX a la Junta General del Principado la semana pasada, siendo rechazada por el PSOE, apoyado por su socio de gobierno IU.
En Asturias, con una población altamente envejecida, las perspectivas de futuro no invitan al optimismo. El presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, ha aventurado que en los próximos cinco años se jubilarán en torno al 40% de los autónomos asturianos, es decir, unos 30.000, cifra lo suficientemente importante como para que esta organización reclame al gobierno regional medidas que no llegan.
Apostar por la supervivencia de este colectivo implica que tarde o temprano habrá que ponerse del lado del empresario autónomo y tomar medidas para revertir la situación, motivo por el cual VOX Asturias propuso en la Junta General instaurar la Cuota 0 para nuevos autónomos en los dos primeros años de actividad, bonificando el 100% de la cuota en este periodo y el 50% en el tercero. Además, también propuso medidas fiscales favorecedoras aplicables mediante deducciones en IRPF por razón de autoempleo, inicio de actividad y proyectos de segunda oportunidad. Y unas deducciones de IRPF que equiparen autónomos con familias numerosas en lo relativo a los gastos derivados de la conciliación familiar. Para los autónomos menores de 35 implicados en proyectos de starts-ups instaba al gobierno regional a la creación de una línea de microcréditos amortizables a partir del momento en que se generaran beneficios en las empresas; y la eliminación de los costos públicos por tasas e impuestos aparejados a la constitución de empresas, de modo que el conjunto sea un paquete de medidas claras y concretas en favor de emprendedores y autónomos. A todas estas medidas el Gobierno de Barbón ha dicho ‘no’ sin aportar ninguna solución.
