El texto, aprobado por los partidos del Govern de izquierda y el PP, establece multas de hasta 150.000 euros para quienes se nieguen a retirar escudos, insignias y esculturas.
Actúa Baleares ha criticado el apoyo del PP -y de Ciudadanos- a la ley de Memoria Democrática de las Islas Baleares, y su «falta de criterio» y de «sentido común» al respaldarla por puntos. «Es una ley que va en la línea de la creada por José Luis Rodríguez Zapatero y mantenida por Mariano Rajoy, que divide a los españoles y busca la confrontación», ha dicho su presidente, Jorge Campos, en declaraciones a La Gaceta.
En este sentido, ha tildado de «lamentable» la actitud revanchista de la izquierda y de la extrema izquierda, y también la del PP. A su juicio, los populares han mostrado que carecen de valentía al no posicionarse en contra de los que pretenden «remover unos hechos dramáticos que ocurrieron hace 80 años y unas heridas que quedaron cicatrizadas con la Constitución».
Lo ha hecho después de que el Parlament balear haya aprobado con un amplio apoyo de los partidos políticos la ley de Memoria Democrática con el fin de «reparar» a las personas, colectivos e instituciones que padecieron la represión durante la guerra civil española y el régimen de Franco.
El texto ha sido aprobado por los partidos del Govern de izquierda y el PP tras negociar su contenido, aunque los populares han manifestado que «el texto no les convence al cien por cien» y que se podría haber llegado «a un acuerdo más amplio».
Entre las medidas que se desarrollarán a partir de esta ley figuran retirar los vestigios y símbolos franquistas, proteger los espacios e itinerarios de la memoria democrática, impulsar declaraciones y menciones de reconocimiento y organizar actos de homenaje institucional, para lo cual los presupuestos autonómicos recogerán las partidas económicas necesarias.
Además, se hará un censo electrónico de las víctimas de la guerra civil y la dictadura y se promocionarán contenidos y actividades sobre la memoria democrática en los colegios. La ley recoge sanciones económicas que van de los 200 a los 150.000 euros por incluye multas de hasta 150.000 euros para quienes se nieguen a retirar escudos, insignias, esculturas, placas y otros elementos que enaltezcan el franquismo. Este punto ha sido rechazado por el PP por ser «una persecución al ciudadano y a las administraciones con sanciones elevadísimas».
El diputado y portavoz del grupo econacionalista MÉS per Mallorca, David Abril, ha resaltado que el Parlament «sigue haciendo historia» y sitúa a Baleares como una comunidad «pionera» en la defensa de las personas represaliadas y sus familiares.
El diputado del PP Juan Manuel Lafuente se ha referido al «desgraciado hecho histórico» que supuso la guerra civil, que «no se debería utilizar» para el «enfrentamiento político, ni para lograr votos a corto plazo». El PP ha agradecido los cambios introducidos en el texto original para reconocer a «todas las víctimas», sin «distinguir» a las de uno u otro bando: «Los muertos son de todos y forman parte de nuestra historia», ha defendido.
Por su parte, la diputada socialista Silvia Cano ha manifestado que esta ley es una «respuesta» para saldar una «deuda pendiente» con las mujeres y hombres que fueron «asesinados» por defender la democracia tras el «golpe franquista».
