El Govern balear ha iniciado la reclamación de más de 4,1 millones de euros abonados presuntamente de forma indebida en el marco de la Renta Social Garantizada (Resoga), tras una revisión interna impulsada por el actual Ejecutivo autonómico que afecta a 2.165 expedientes de la época de presidencia de la socialista Francina Armengol. Según la documentación oficial elaborada por la Consejería de Familias y Asuntos Sociales, las irregularidades detectadas corresponden a pagos efectuados durante anteriores ejercicios a perceptores que no cumplían los requisitos exigidos o mantenían situaciones incompatibles con esta prestación, según avanza el diario ABC.
La auditoría, desarrollada dentro de un proceso de reorganización administrativa iniciado a finales de 2025, concluye que el sistema de gestión heredado presentaba «importantes disfunciones» y déficits de supervisión financiera. El informe interno sostiene que existían carencias tanto en el control documental de los expedientes como en los mecanismos de verificación de compatibilidades económicas y laborales.
Entre las incidencias detectadas figuran casos de beneficiarios que continuaban percibiendo la ayuda pese a haber dejado de cumplir las condiciones legales, situaciones de ingresos no declarados, dobles percepciones de prestaciones públicas y expedientes correspondientes a personas dadas de alta en la Seguridad Social mientras seguían cobrando la Resoga. El Ejecutivo autonómico considera que estas circunstancias reflejan «graves deficiencias estructurales» en el modelo de control aplicado durante la anterior legislatura.
El documento también recoge la existencia de miles de expedientes suspendidos sin resolución administrativa expresa ni comunicación formal a los afectados, una situación que, según el Govern, generó «incertidumbre e inseguridad jurídica». A ello se sumaban, añade el informe, problemas de falta de personal especializado y ausencia de criterios homogéneos en la tramitación de solicitudes y revisiones.
La revisión de expedientes se ha desarrollado mediante un sistema mixto. Por un lado, funcionarios autonómicos analizaron 1.135 expedientes, detectando pagos indebidos superiores a 1,5 millones de euros. Paralelamente, una empresa externa especializada revisó otros 2.912 expedientes, con reclamaciones que superan los 2,9 millones. En total, la Administración balear reclama actualmente 4.129.201,75 euros.
