El Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), a través de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, ha entregado a la Audiencia Nacional el expediente de descertificación del gasto de compra de mascarillas. Así pretende «acreditar el perjuicio» de la comunidad autónoma y «continuar con la personación» del Govern como parte perjudicada en el caso Koldo. Se investiga la compra de mascarillas de protección por el valor de 3,7 millones de euros mediante la empresa Soluciones de Gestión.
Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, después de que el juez rechaza la personación del Ejecutivo balear. Considera que como las mascarillas fraudulentas se pagaron con fondos europeos, no existe perjuicio para la administración autonómica.
Costa ha señalado que el Ejecutivo balear entiende que «hay elementos suficientes» para llevar a cabo la personación y reclamar el importe total del contrato. El Ejecutivo justifica esta actuación en el cumplimiento de protocolos de lucha contra el fraude y normativa Feder.
Asimismo, ha explicado que la descertificación se ha hecho también para prevenir una potencial suspensión de fondos por parte de la UE. «El perjuicio económico es evidente y, en consecuencia, pensamos que la Audiencia Nacional reconsiderará esta personación», ha insistido.
«Demostramos que somos claramente parte perjudicada», ha argumentado, considerando que «sería incoherente que el Juzgado no diera la razón» al Govern. El portavoz ha insistido en que «no descartan ninguna vía», ni la administrativa ni la penal, para recuperar el gasto de la compra de las mascarillas.
En este sentido, ha asegurado que el procedimiento administrativo no ha caducado pero que tiene un «serio riesgo de fracaso» y «es difícil que pueda prosperar», puesto que el IbSalut emitió un certificado avalando que el contrato fue satisfactorio.
Igualmente, ha insistido que dicha vía «ni está caducada ni está en absoluto descartada» y que se están analizando las «mejores posibilidades». En concreto para que se reembolse el dinero a la Comunidad Autónoma de Baleares por parte de la empresa de Koldo.
La vía penal, por otro lado, es «la que tiene más posibilidad de éxito». «Siempre que evidentemente, tras casi cuatro años, la empresa no se declare fallida, que es lo que suele suceder», ha puntualizado.
