El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, ha formalizado un contrato de hasta 347.243,86 euros para traducir contenidos de la página web de La Moncloa y documentación de la Secretaría de Estado de Comunicación al catalán, euskera, gallego y valenciano, según recoge El Debate.
El contrato, cuya formalización fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, contempla tanto la traducción directa desde el español hacia las cuatro lenguas cooficiales como, de manera ocasional, traducciones inversas al castellano. La adjudicación tiene una duración inicial de 12 meses desde el 1 de octubre de 2026, aunque el expediente contempla la posibilidad de prórrogas.
Hasta 347.243 euros de gasto
El importe máximo asciende exactamente a 347.243,86 euros, IVA incluido. De esa cantidad, 286.978,40 euros corresponden a la base del contrato y otros 60.265,46 al impuesto.La documentación aclara, no obstante, que esta cifra representa el compromiso económico máximo, por lo que el gasto efectivo dependerá del volumen de traducciones que finalmente encargue la Administración.
El coste se divide entre dos ejercicios: 57.873,98 euros en 2026 y otros 289.369,88 euros en 2027. La empresa adjudicataria es Linguaserve Internacionalización de Servicios S.A., que deberá mantener confidencialidad sobre los documentos a los que acceda durante la prestación del servicio.
Traducciones para Moncloa y Presidencia
El objeto del contrato no se limita a adaptar la página web institucional. También incluye documentación elaborada por la Secretaría de Estado de Comunicación, organismo dependiente directamente de Presidencia.
La Administración se reserva además el derecho a rechazar los trabajos que no cumplan los requisitos fijados en el contrato y, en ese caso, quedar exenta de abonar el servicio o reclamar la devolución de cantidades ya satisfechas.
La nueva partida se incorpora así al gasto destinado por el Ejecutivo a extender el uso institucional de las lenguas cooficiales, una política que durante esta legislatura ha adquirido también dimensión europea después de que el Gobierno haya defendido ante Bruselas el reconocimiento oficial del catalán, el vasco y el gallego en las instituciones comunitarias.
