Bruselas ha decidido activar de forma provisional el acuerdo comercial con Mercosur a partir del próximo 1 de mayo, en un movimiento que ha desatado una fuerte contestación en el campo europeo y español.
Bruselas ha optado por aplicar el tratado antes de completar su ratificación definitiva —que aún requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y de los Estados miembros—, una maniobra para imponer un pacto ampliamente rechazado.
El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha defendido la medida asegurando que la UE demuestra así su «credibilidad como socio comercial». Sin embargo, esta narrativa choca con la realidad de miles de agricultores que denuncian que el acuerdo abre las puertas a una competencia desleal procedente de países con estándares laborales, sanitarios y medioambientales mucho más laxos.
El tratado llega además en un momento de creciente tensión en el sector primario. En los últimos meses, agricultores de toda España han salido a las calles —como en la reciente tractorada de Valencia— para denunciar el «ataque directo a su supervivencia«. VOX ha sido el único partido en respaldar a los agricultores y ganaderos españoles.
Diversas organizaciones agrarias advierten de que el acuerdo compromete la soberanía alimentaria europea al favorecer importaciones masivas de productos agrícolas sin garantías equivalentes a las exigidas dentro de la UE. A ello se suma la incertidumbre jurídica. El Parlamento Europeo ha impugnado la base legal del tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que mantiene en el aire su aprobación definitiva. Pese a ello, la Comisión ha optado por acelerar su entrada en vigor parcial.
