España tendrá que hacerse cargo de los inmigrantes que el Gobierno prevé regularizar a partir de este mes de abril si estos se desplazan a otros países de la Unión Europea (UE) y son detectados en situación ilegal. Así lo han confirmado fuentes de la Comisión Europea, que fijan una obligación clara: deberán ser repatriados a territorio español.
El aviso llega en pleno arranque del proceso impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que podría afectar a entre 500.000 y 800.000 personas. Bruselas subraya que la concesión de permisos de residencia nacionales no permite la libre instalación en otros Estados miembros.
Desde la Comisión insisten en que cualquier beneficiario de estos permisos que sea localizado en otro país en situación ilegal o que solicite asilo deberá regresar al país que le concedió la residencia, en este caso España. La medida busca evitar efectos sobre el sistema común de migración y asilo dentro del espacio europeo.
El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, ya había advertido de las consecuencias de esta política. Según explicó, «regularizar» a inmigrantes en un espacio sin fronteras interiores puede generar tensiones entre Estados miembros si esas personas se desplazan a otros países.
«Un permiso de residencia no otorga autorización para establecerse en cualquier lugar de la UE«, señaló. «Si una persona es encontrada en situación irregular en otro país, debe regresar a España», añadió.
El mecanismo, además, abre un frente económico. Bruselas deja en manos de los Estados la negociación sobre quién asume los costes de estos traslados, aunque las advertencias apuntan a que España deberá cargar con buena parte del impacto.
El Gobierno ha intentado rebajar la preocupación entre sus socios europeos. La ministra portavoz, Elma Saiz, aseguró que la regularización estará vinculada a permisos de trabajo dentro de España, en un intento de frenar posibles desplazamientos a otros países.
Sin embargo, en Bruselas ha cambiado el tono. Si en un primer momento se consideraba una competencia nacional, ahora la Comisión alerta de forma explícita sobre las consecuencias para el resto de la Unión.
El plan del Ejecutivo sigue pendiente del análisis del Consejo de Estado, lo que podría retrasar su aplicación. Aun así, el Gobierno mantiene la previsión de activarlo en abril y sostiene que habrá margen suficiente para tramitar todas las solicitudes.
El debate de fondo se traslada así al terreno europeo: una regularización masiva en España puede terminar generando un efecto llamada interno dentro de la UE y obligar al país a asumir tanto el control como el coste de los movimientos posteriores.
