La Policía Nacional desarticuló la pasada semana una red internacional que introducía a través del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a inmigrantes ilegales de origen senegalés que se hacían pasar por menores solicitantes de asilo en una operación que se saldó con al menos doce detenidos, entre ellos su cabecilla en Europa.
Los arrestos tuvieron lugar en distintos puntos de la Comunidad de Madrid y en Alcoy (Alicante), según fuentes del Cuerpo Nacional de Policía. La red, que ideó una sofisticada ruta aérea para introducir de manera ilícita en Europa a personas de origen senegalés, entregaba a los inmigrantes ilegales un manual en el que se explicaban los pasos a seguir desde que embarcaban hasta su llegada al aeropuerto.
Una vez superado el primer escollo, consistente en llegar desde Senegal hasta Casablanca (Marruecos), los inmigrantes adquirían un billete de avión con destino a diferentes países de Sudamérica. Estos vuelos tenían como requisito necesario que realizaran un tránsito por el aeropuerto madrileño y una vez en Madrid no continuaban su viaje.
Tras embarcar en Casablanca con sus pasaportes originales, lo rompían dentro del avión, y a su llegada a España se dirigían a las autoridades policiales manifestando que carecían de documentación, y que eran menores de edad y originarios de países en conflicto como Mali y Etiopía.
De esta forma una vez que solicitaban asilo no eran retenidos en el aeropuerto mientras se estudiaba su solicitud de asilo sino que eran trasladados hasta los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid. Estos centros gozan de un régimen abierto por lo que una vez que ingresaban en ellos los abandonaban sin formalizar su solicitud de asilo.
La organización contaba con una red de recogida y traslado de estos inmigrantes a sus salidas de dichos centros, donde acudían varias personas en vehículos para llevarles a cambio de una cantidad económica a diferentes estaciones para su viaje a otros países e incluso directamente hasta Francia, Alemania o Bélgica.
El hecho de que las víctimas de esta red de inmigración ilegal pudieran ser menores de edad alertó a la Fiscalía, que encomendó unas primeras gestiones de investigación a las brigadas de Extranjería y Fronteras y de Información de la Policía Nacional en Madrid, que comprobaron que en ningún caso eran menores de edad y que procedían a dar testimonio de ello para aprovecharse de los sistema de tutela autonómicos.