El Gobierno de Juan Vivas (PP) ha sacado a licitación un contrato de 5,5 millones de euros para acoger a un centenar de menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Marruecos durante dos años.
El pliego de condiciones técnicas del contrato ya se ha publicado y las ofertas se podrán presentar hasta el próximo 20 de diciembre. El objeto del contrato es la prestación del servicio de acogimiento residencial de 100 plazas para menas.
En los presupuestos para 2023, que ya se han aprobado de forma inicial de la mano del PSOE, la Consejería de Sanidad y Consumo, a la que se ha transferido la competencia de Menores, ha consignado 9,49 millones de euros para atender a menas. Esto supone que más del 36 por ciento de la inversión.
En concreto, 100.000 euros se destinan a la conservación y reparación de centros de menores; 2,7 millones a gastos de menas; 230.000 al centro de realojo temporal; 265.000 euros a los tres centros de menores que gestiona la ciudad, incluido el de internamiento; 1,3 millones para la vigilancia de los centros; 200.000 euros para estancia de menores en centros auxiliares de la península, etc.
El pasado mes de agosto, el secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero, trasladó su sospecha por el exorbitado gasto realizado en el dispositivo de la ciudad para la atención de los menas, rechazando incluso la participación gratuita de ONG.
Además, aseguró que no hay rastro de la justificación de los casi dos millones de euros para el acondicionamiento de instalaciones para la primera acogida o del desembolso mensual de más de 1,89 millones de euros a la Fundación Samu y a Engloba para el cuidado y la atención de menores, unas cantidades que consideró «abultadas a la vista de las escasas comodidades y las muchas carencias de los centros de acogida».