Casi la mitad de las ayudas que cada año otorga la Generalitat de Cataluña en materia de adjudicación de viviendas y en la concesión de la ‘Renda garantida de ciutadania’ tienen como destinatarios a ciudadanos extranjeros, a pesar de representar el 14% de la población.
A petición del grupo parlamentario de VOX en el Parlament de Cataluña, el Gobierno de Pere Aragonès ha facilitado a esta organización política los datos relativos al origen de los destinatarios de la Renda garantida de ciutadania ―Renta garantizada de ciudadanía (RGC)―, que vendría a ser la versión catalana del Ingreso Mínimo Vital, y los receptores de la adjudicación de viviendas públicas en 2021.
Según los datos que ha recibido la formación de Santiago Abascal en Cataluña por parte de la Generalitat, los beneficiarios de la RGC con nacionalidad española en 2021 fueron 32.808, un 60% del total de las ayudas; los beneficiarios de origen extranjero en el mismo periodo fueron 21.938, un 40%.
“La izquierda y el separatismo, además de despilfarrar el dinero de nuestros impuestos, es incapaz de priorizar los recursos para los nacionales y, como consecuencia, tenemos que el 14% de la población que es extranjera recibe casi la mitad de las ayudas”, ha afirmado Joan Garriga, portavoz de VOX en el Parlament.
Los datos de las adjudicaciones de viviendas públicas por parte de la Agencia Catalana de l’Habitatge, inclinan aún más la balanza del lado extranjero. En 2021 hubo un total de 62.573 adjudicaciones en Cataluña. El 43% de ellas, es decir, 26.697, fueron a parar a ciudadanos extranjeros; el 53%, 35.876, para ciudadanos españoles.
“Aplicar la prioridad nacional en las ayudas sociales es una cuestión de responsabilidad y justicia. Los recursos públicos son limitados y no nos sobran por ello es justo primero atender a los españoles”, ha señalado Garriga al conocerse las cifras.
El portavoz de VOX en el Parlament, sin embargo, ha dejado claro que desde VOX no rechazan la ayuda al extranjero, “pero consideramos una irresponsabilidad no hacerlo primero con los españoles”, ha matizado. “No es menosprecio a los extranjeros, es ordenar los recursos con criterios de justicia social y prioridad nacional que es lo que debe hacer cualquier buen gobernante”, ha dicho finalmente el portavoz.
