En torno a la mitad de los casos de matrimonios forzosos detectados en España tienen lugar en Cataluña, una comunidad autónoma que en los últimos años ha experimentado un notable incremento de este tipo de delitos contra la libertad individual. Según datos oficiales del Ministerio del Interior adelantados por The Objective, en 2024 se identificaron 24 casos en todo el país, de los cuales 11 —el 46%— se produjeron en territorio catalán.
La región no había registrado ningún incidente de esta naturaleza hasta 2020, pero desde entonces los casos han ido en aumento: uno en 2020, otro en 2021, nueve en 2022, diez en 2023 —cuando no se detectó ninguno en el resto del país— y once más en 2024. Este repunte ha situado a Cataluña como el principal foco nacional de una práctica que vulnera derechos fundamentales, y que suele estar vinculada a determinadas tradiciones importadas de países del sur de Asia, el este asiático o algunas zonas de África.
En la última década, las fuerzas de seguridad han investigado o detenido a 54 personas en toda España por hechos relacionados con matrimonios forzados. De ese total, 32 actuaciones se han llevado a cabo en las provincias catalanas de Barcelona, Tarragona, Gerona y Lérida, lo que representa un 59% del total. Lejos de estas cifras se sitúan comunidades como Andalucía y la Comunidad Valenciana, con tres casos cada una en 2024, o Aragón, Castilla-La Mancha y Murcia, con dos. Navarra registró solo uno.
Una de las explicaciones que manejan los expertos para entender esta concentración geográfica es la composición demográfica de Cataluña, donde reside más de la mitad de la población pakistaní de España. De los algo más de 100.000 ciudadanos pakistaníes registrados en el país, 55.771 viven en Cataluña, una comunidad donde esta inmigración ha experimentado un crecimiento exponencial: en 1998 eran apenas 1.200 personas. Esta rápida expansión ha dificultado la integración en algunos entornos, manteniéndose prácticas tradicionales como los matrimonios concertados.
Dentro de esta población, las normas sociales de carácter más impositivo encuentran a menudo eco en entornos donde existen vínculos con corrientes religiosas como el salafismo. Cataluña es, de hecho, el epicentro del salafismo en España, una interpretación del islam que, en sus vertientes más extremas, ha sido señalada como caldo de cultivo del yihadismo. La falta de supervisión en ciertas mezquitas, según denuncian algunas fuentes policiales, también ha favorecido la pervivencia de normas patriarcales que chocan con los valores democráticos.
