La okupación de viviendas continúa siendo un problema persistente en España, tanto en el ámbito social como en el económico. Con un promedio de más de 40 okupaciones ilegales diarias, se registran aproximadamente 15.000 casos al año. Según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, Cataluña lidera este fenómeno, acumulando un 40% de los 10.345 casos registrados en el país hasta agosto de 2023.
Para Carles Sala, portavoz de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Catalunya (API), la okupación en Cataluña está profundamente vinculada a la crisis hipotecaria y a la inestabilidad económica derivada de esta situación. Según Sala, ciertos movimientos activistas y algunas fuerzas políticas en Cataluña perciben la okupación como una medida temporal para las personas en situación de vulnerabilidad y una respuesta a los «abusos» del mercado de viviendas.
El proceso por el cual las entidades bancarias obtuvieron propiedades a través de ejecuciones hipotecarias dejó un amplio número de viviendas vacías, lo cual facilitó la ocupación ilegal de muchas de ellas, señala Sala. Además, explica que las leyes demasiado permisivas generaron un “efecto llamada” que ha derivado en abusos y en la aparición de mafias organizadas que aprovechan las fallas del sistema.
Montserrat Junyent, vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), cree que el alto número de okupaciones en Cataluña también se debe a un marco legal favorable que ofrece protección a los ocupantes ilegales, como la obligación de ofrecer alquileres sociales en ciertos casos. Aun así, añade que recientemente el Tribunal Constitucional ha dictaminado que algunas de estas disposiciones son inconstitucionales.
La lenta respuesta judicial es otro de los problemas que enfrenta la okupación en España. Muchos propietarios expresan frustración porque el proceso de desalojo puede extenderse hasta dos años si se sigue el procedimiento legal. Para Junyent, la causa radica en un sistema legal excesivamente garantista que ralentiza los procedimientos al incluir un exceso de pasos para asegurar los derechos de ambas partes.
Desde FADEI, destacan que aunque las okupaciones en el mercado inmobiliario profesional han disminuido, esto no significa que el fenómeno se esté reduciendo. De hecho, muchos afectados optan por la vía de la negociación directa para poder recuperar sus viviendas con mayor rapidez. Para Junyent, la okupación seguirá en aumento mientras no existan mecanismos jurídicos que permitan una recuperación ágil de las propiedades.
Sala también apunta a un cambio en la percepción social de este fenómeno. Sostiene que la tolerancia hacia la okupación ha disminuido, especialmente en comunidades donde afecta negativamente la convivencia. Muchos ciudadanos perciben la okupación como un agravio comparativo hacia quienes cumplen con sus obligaciones de pago de alquiler o hipoteca, frente a aquellos que ocupan viviendas sin enfrentar tales gastos.
En Cataluña, observa Sala, la narrativa de «lucha por la vivienda» impulsada por ciertos colectivos y partidos políticos ha perdido apoyo entre la opinión pública debido a la falta de soluciones efectivas y al impacto negativo en los barrios, especialmente cuando las okupaciones están asociadas con defraudaciones de servicios básicos o actividades ilícitas. A todo ello, también se suma la creciente inseguridad y la llegada masiva de inmigrantes ilegales, que ya representan a más del 75% de los presos en las edades comprendidas entre los 18 y los 22 años.
