Un juez de Igualada (Barcelona) ha citado a declarar como investigadas a 51 personas, vinculadas a los comités de Defensa del Referéndum -reconvertidos después en Comités de Defensa de la República-, por los cortes de tráfico en la A-2 en las huelgas generales de los pasados 3 de octubre y 8 de noviembre.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), los investigados empezarán a declarar a partir del próximo mes de marzo por un delito de desórdenes públicos por los cortes de carreteras ocurridos en las huelgas generales o «paros de país» convocados en octubre y noviembre pasados.
Los investigados, personas vinculadas a los comités populares que se montaron para promover movilizaciones en defensa del referéndum del 1-O y de la secesión de Cataluña, han empezado a recibir en los últimos días las citaciones para acudir a declarar en el juzgado.
El juez que los ha citado abrió diligencias por un delito de desórdenes públicos por los cortes de tráfico que manifestantes de los CDR llevaron a cabo en la A-2 a su paso por los municipios barceloneses de El Bruc, Igualada y Òdena, con motivo de ambos paros generales.
Su ‘violento’ papel en el 1-O
Precisamente, la Policía Nacional y la Guardia Civil están investigando el papel de los Comités de Defensa del Referéndum (CDR) en la organización de los «incidentes de violencia» del 1-O y las «actividades coercitivas» de la huelga general del pasado 8 de noviembre, según consta en un informe de la secretaría de Estado de Interior.
Según el informe, en los incidentes del 1-O fue «muy relevante» la actuación de los CDR, que, según el Ministerio de Interior, operaron «como elementos de coordinación y ejecución de los actos preparatorios y ejecutorios de la oposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» y habían montado «acciones de parapeto» en los puntos de votación.
El escrito de la secretaría de Estado, entregado al juez que investiga las cargas del 1-O, destaca que los CDR, ya reconvertidos en Comités de Defensa de la República, han seguido actuando tras el 1-O y que una de sus «principales actividades coercitivas, aunque no la única», fue organizar la jornada de huelga general del pasado 8 de noviembre.
En ese sentido, el informe recuerda que el llamado «paro de país» provocó más de 70 cortes de carretera en varios puntos de la red viaria y ferroviaria de Cataluña, lo que obligó a intervenir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil «para restablecer la normalidad».
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