Cerca de 500 vigilarán que se cumplan las restricciones de circulación impuestas por el PP en Madrid. Madrid Zona de Bajas Emisiones entró en vigor el pasado lunes en todo el término municipal, prohibiendo la circulación en la ciudad a los turismos sin etiqueta que no estén «empadronados» en la ciudad.
El ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, puso en marcha en enero de 2022 la Zona de Bajas Emisiones bajo el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Madrid 360.
El control de las nuestras restricciones se llevará a cabo con las 257 cámaras para el interior de la M-30 y la propia vía, y con las 207 que se terminarán de instalar próximamente para el exterior de la M-30. En total, 464 dispositivos velarán por el cumplimiento estricto de las restricciones, una cifra a la que hay que sumar los 37 sistemas foto-rojo que se distribuyen por toda la capital.
La adquisición e instalación de las cámaras y el resto de elementos del sistema han sido financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, que siguen la globalista Agenda 2030. El acceso no permitido a Madrid ZBE se sancionará como infracción grave de tráfico, llevando aparejada una multa de 200 euros (100 euros si es por pronto pago).
Atrás queda la promesa en 2019 de José Luis Martínez-Almeida (PP) de derogar «Madrid Central», el proyecto liberticida de la exregidora Manuela Carmena. El PP pasó del «Madrid Central se acaba el 26 de mayo» en campaña electoral al activismo climático. El que era «un experimento fallido y sin sentido» se amplió con medidas más restrictivas que impiden desde el 1 de enero la entrada en la capital de más de 400.000 vehículos censados en toda la región.
