Varios comisarios de la Policía Nacional han desmentido de forma tajante la versión ofrecida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relación a la seguridad del sistema Sitel. Según ha adelantado The Objective, Huawei sí dispone de acceso al repositorio donde se guardan las grabaciones judiciales, algo que, a su juicio, constituye una amenaza directa para la seguridad nacional. «El repositorio está ahí, claro que pueden entrar», declaró un alto mando policial en activo, en alusión al sistema OceanStor 6800 V5, fabricado por la multinacional china y utilizado en los centros de datos de la propia Policía.
El escándalo, revelado inicialmente en abril, saltó cuando se conoció que España había abonado 12,3 millones de euros a Huawei por el suministro de cabinas de almacenamiento masivo. En julio, una resolución de Transparencia confirmó oficialmente ese desembolso. Poco después, el Congreso y el Senado de Estados Unidos remitieron una carta a sus servicios de inteligencia alertando del riesgo de que información sensible compartida con España acabara en manos de Pekín. Washington ha reiterado en varias ocasiones su preocupación, e incluso ha incluido este asunto en su última revisión de las relaciones con China.
La polémica se centra en el alcance de los datos almacenados en Sitel. No se trata sólo de números de teléfono o nombres, explican los mandos policiales, sino de resúmenes completos de investigaciones, geolocalizaciones, interlocutores identificados y compañías telefónicas intervenidas. Además, los audios en bruto se guardan durante cinco años. «El Gobierno intenta maquillar la situación, pero estamos en manos de Huawei», advierten las mismas fuentes.
El Ministerio del Interior insiste en que Huawei se limita a proporcionar soporte técnico y que el sistema es estanco, con acceso restringido a agentes y miembros del poder judicial que lo requieran en investigaciones concretas. No obstante, los comisarios consultados rechazan esa tesis: los Centros de Proceso de Datos en los que se aloja la información —ubicados en El Escorial, Canillas y la Secretaría de Estado de Seguridad— están interconectados entre sí, y es precisamente ahí donde el riesgo de fuga resulta más evidente.
Estados Unidos y varios socios europeos mantienen desde 2018 un veto activo contra Huawei, basado en la Ley de Inteligencia Nacional china que obliga a las empresas a colaborar con su Gobierno en asuntos estratégicos. El hecho de que España haya confiado a esta compañía el almacenamiento de escuchas judiciales relacionadas con terrorismo, narcotráfico o corrupción ha encendido todas las alarmas en los organismos internacionales.
«Estamos hablando de seguridad nacional, no de un simple contrato tecnológico», recalcan los comisarios, que piden transparencia y una revisión inmediata de los acuerdos firmados sin concurso público. «No podemos depender de un actor extranjero con intereses geopolíticos que entran en conflicto con los de nuestro país», remarcan.
A pesar de la presión internacional y de las críticas internas, Interior ha optado por mantener la tecnología de Huawei en Sitel, obviando las advertencias de los propios cuerpos de seguridad y de los aliados occidentales.
