El Tribunal de Cuentas ha denunciado «graves deficiencias» en el sistema de homologación de títulos universitarios extranjeros que depende del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por la ministra Diana Morant. Así consta en la Memoria 2025 del organismo, que audita las cuentas del Estado y cuestiona la eficacia y transparencia de este procedimiento.
El informe señala problemas estructurales y operativos en todo el proceso. Entre ellos, una regulación insuficiente de los sistemas de identificación y firma electrónica, así como carencias en los mecanismos que permiten actuar a través de representantes. Estas debilidades afectan directamente a la fiabilidad del sistema.
El Tribunal de Cuentas también pone el foco en los retrasos. Las universidades incumplen de forma sistemática el plazo máximo de seis meses para resolver expedientes. En 2024, la media se situó en 212 días. A esto se suma que sigue sin actualizarse la lista de profesiones reguladas, una tarea pendiente desde 2017 que depende de la Comisión Interministerial correspondiente.
El informe cuestiona además el funcionamiento de los organismos implicados. La Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones «no ha alcanzado los resultados esperados» en términos de eficacia, mientras que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación presenta limitaciones por plazos poco realistas, falta de medios y deficiencias tecnológicas.
La situación se agrava con el volumen de expedientes pendientes. A 30 de junio de 2025 había 80.648 solicitudes sin resolver. El Tribunal advierte de una clara insuficiencia de personal y de sistemas informáticos deficientes que ralentizan la gestión y dificultan el control del cobro de tasas.
El órgano fiscalizador también denuncia falta de transparencia económica. El Ministerio no ha implantado una contabilidad analítica que permita conocer el coste real del servicio ni justificar el importe de las tasas, lo que introduce dudas sobre la gestión de los recursos públicos en este ámbito.
Este diagnóstico choca con el discurso del Gobierno. La ministra Diana Morant ha defendido recientemente la política de homologaciones y aseguró que su departamento resolvió más solicitudes de las que recibió, con 85.564 expedientes tramitados frente a 51.079 nuevas peticiones. Según sostuvo, se trata de «un asunto prioritario» y de «justicia», vinculado además al papel de la inmigración en la economía.
El informe del Tribunal de Cuentas introduce un elemento de presión política sobre el Ejecutivo. El sistema de homologación resulta clave para la incorporación de profesionales formados en el extranjero, especialmente en sectores sensibles como la sanidad. Las deficiencias detectadas abren el debate sobre el control real de la cualificación de estos perfiles y sobre la capacidad del Estado para garantizar estándares adecuados en servicios esenciales.
