La Audiencia Provincial de Almería ha sentenciado a nueve años y seis meses de prisión a un ciudadano de origen senegalés, declarado culpable de asesinar a otro hombre de su misma nacionalidad con quien mantenía una relación conflictiva desde hacía tiempo, tal y como adelanta El Debate. El trágico suceso ocurrió en junio de 2022 en Garrucha (Almería), cuando una discusión entre ambos derivó en una agresión mortal con arma blanca.
El veredicto, emitido por un tribunal de jurado y formalizado por el magistrado-presidente Luis Columna, determina que el acusado es responsable de un delito de homicidio, pero aplica la eximente incompleta de legítima defensa, dado el enfrentamiento previo entre ambos hombres. Además de la pena de cárcel, se le ha impuesto una indemnización de 360.000 euros para la esposa y los dos hijos menores de la víctima. También se ha ordenado su expulsión de España cuando alcance el tercer grado o obtenga la libertad condicional.
Según los hechos descritos en la sentencia, el altercado comenzó cuando la víctima se presentó en el domicilio del acusado en busca de explicaciones tras ciertos problemas entre ambos. Durante el intercambio, la víctima golpeó al acusado en la espalda, lo que provocó una reacción violenta. En un intento de defenderse, el acusado sacó un cuchillo que llevaba oculto y lo usó para infligir 15 puñaladas a la víctima, causándole heridas graves, entre ellas una en el esternón que le provocó la muerte al afectar el corazón y el pulmón izquierdo.
Tras el incidente, el acusado regresó a su vivienda pero posteriormente volvió al lugar de los hechos, donde ya se encontraba la Policía Local. Ante los agentes, confesó verbalmente ser el autor del ataque. Posteriormente, bajo custodia de la Guardia Civil, el acusado se acogió a su derecho a no declarar, aunque dos meses después reconoció nuevamente su implicación en el crimen durante una declaración judicial.
La sentencia también menciona los antecedentes penales del acusado, que había sido previamente condenado por conducir sin licencia y falsificación de documentos públicos. En su defensa, alegó actuar bajo un miedo insuperable, argumento que fue descartado por el tribunal al considerar que no existía evidencia de que actuara movido por un miedo incontrolado.
