La Audiencia Provincial de Barcelona ha elevado de 18 meses de prisión a dos años la condena contra cuatro separatistas que atacaron y expulsaron a miembros de la asociación juvenil constitucionalista S’ha Acabat! durante la Feria de Asociaciones de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), celebrada en febrero de 2022. El fallo, ya firme, modifica la resolución anterior del Juzgado de lo Penal número 20 de Barcelona y agrava la pena tras considerar que la agresión estuvo motivada por razones ideológicas.
El tribunal concluye que los encausados no solo impidieron con violencia el ejercicio del derecho de reunión, sino que lo hicieron movidos por un «rechazo e intolerancia hacia la ideología constitucionalista» de las víctimas. Por ello, la calificación del delito se eleva de simples coacciones a un delito contra los derechos fundamentales con la agravante de discriminación ideológica, lo que conlleva una mayor pena privativa de libertad.
En su resolución, la Audiencia desestima el recurso de apelación presentado por la defensa de los acusados, que buscaba rebajar las penas, pero sí acepta parcialmente el recurso de uno de los condenados en lo relativo a la cuantía económica que debe abonar como responsabilidad civil. Al mismo tiempo, estima en parte el recurso presentado por la asociación S’ha Acabat!, que actuó como acusación particular, aumentando la condena a los dos años que finalmente se han impuesto.
La sentencia ha sido criticada por plataformas vinculadas al separatismo, como Alerta Solidària y La Pública Contra el Feixisme, que han emitido un comunicado conjunto calificando el fallo como «una peligrosa deriva judicial» y un «ataque al derecho de protesta». A juicio de estas organizaciones, la decisión judicial establece un precedente que podría limitar la libertad de expresión y movilización política.
Los hechos ocurrieron cuando los jóvenes agredieron verbal y físicamente a los miembros de S’ha Acabat!, obligándolos a abandonar su puesto informativo dentro de un espacio universitario destinado al intercambio de ideas. Ahora, la Justicia ha considerado que no se trató de un altercado puntual, sino de una acción premeditada dirigida a silenciar una voz discrepante, por motivos ideológicos.
