La magistrada que intentó reabrir el caso del 11-M —del que jamás se conoció el autor intelectual— sufrió una persecución sin precedentes a nivel político y judicial que terminó con su carrera. Coro Cillán, hoy aislada en un centro psiquiátrico de Palencia, fue apartada de la judicatura tras una serie de acontecimientos que, según ella misma y su defensa, fueron orquestados desde las cloacas del Estado con el objetivo de silenciar su labor.
Cillán, que fue titular del Juzgado número 43 de Madrid durante una década, tuvo un papel relevante en casos como la denuncia del financiero Javier de la Rosa contra el expresidente de la Generalidad Jordi Pujol. Sin embargo, su mayor desafío fue tratar de arrojar luz sobre los atentados del 11 de marzo de 2004, lo que, según sus allegados, la convirtió en un objetivo a eliminar dentro del aparato judicial y policial.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la inhabilitó por prevaricación en la administración de la discoteca Moma, una resolución que destruyó su carrera y afectó gravemente a su estado anímico. Antes de ello, Cillán había sido una figura respetada en la judicatura, con experiencia en la Audiencia Provincial de Guipúzcoa y como profesora titular de derecho constitucional en la Universidad de Extremadura. La sentencia del TSJM supuso un golpe devastador para su trayectoria y su vida personal.
Convencida de que su inhabilitación fue resultado de una trama urdida en su contra, la exmagistrada presentó una querella contra el comisario José Villarejo, a quien acusó de haber maquinado su caída. En su escrito, sostenía que Villarejo había incurrido en los delitos de amenazas, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias, actividades prohibidas a funcionarios y cohecho. Una grabación publicada por Público en la que Villarejo hablaba con De la Rosa reforzó sus sospechas: el comisario le aseguraba al financiero que se encargaría de apartar a Cillán del caso para trasladarlo a la Audiencia Nacional y así evitar filtraciones a la prensa.
Su batalla judicial no quedó ahí. Tras interponer la querella, la Fiscalía abrió un procedimiento de incapacitación en su contra. En un episodio insólito, Cillán fue recogida por una ambulancia del Samur mientras caminaba por la zona de los juzgados de plaza de Castilla. Sin apenas mediar palabra, fue trasladada a una residencia, donde permaneció hasta que su abogado logró sacarla. Poco después, otro vehículo del Samur apareció cerca de su casa y la llevó al Hospital La Paz, donde fue ingresada en planta para tratarle un problema de tensión y una dolencia en la pierna. La Fiscalía de Madrid decidió posteriormente su reingreso en una residencia de ancianos bajo la supervisión de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.
Desde su encierro, la exmagistrada sigue luchando por hacer valer su verdad. Aunque el Juzgado número 12 de Madrid admitió a trámite su querella contra Villarejo tras un primer archivo, su testificación se ha visto bloqueada por la secretaria judicial, que fue clave en su inhabilitación.
