La mercantil Eventos El Espino SL, de la que el presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, posee el 33% de las acciones, contaba con una caja B, es decir, una contabilidad paralela destinada —según diversas fuentes— a distribuir ingresos no declarados entre los socios.
La existencia de este sistema se sustenta, de acuerdo con la información avanzada por ElDiario.es, en varios correos electrónicos internos y en el testimonio de dos antiguos integrantes de la empresa, Laura Gazpio y José Manuel Varas, quienes aseguran que esa práctica era habitual. Ambos, además, llevaron el asunto ante los tribunales tras su salida de la compañía.
Según su relato, la sociedad operaba con dos circuitos contables diferenciados. A final de cada ejercicio, una parte de los beneficios que no figuraban en los registros oficiales se repartía en efectivo entre los socios en reuniones privadas. Estos encuentros solían celebrarse en el domicilio de uno de los responsables de la empresa, donde, tras una cena informal, se distribuía el dinero en metálico. En esas citas participaban los cinco socios, entre ellos el propio Suárez.
Varas respalda esa versión y sostiene que la doble contabilidad funcionó durante varios años, concretamente desde que la empresa comenzó a obtener beneficios. Ambos exsocios dejaron de asistir a esas reuniones cuando abandonaron sus funciones operativas en la empresa, momento a partir del cual —afirman— dejaron de tener acceso a información completa sobre las cuentas.
Parte de estas afirmaciones se verían reforzadas por correos electrónicos enviados en 2019 y 2020 por uno de los administradores, en los que se mencionan cierres de cuentas, propuestas de reparto y referencias explícitas a la integración de dos contabilidades. En uno de esos mensajes se detallan resultados económicos que diferencian entre cifras declaradas y otras consideradas «extracontables».
En concreto, en 2019 la empresa habría registrado más de 225.000 euros de beneficios totales, aunque únicamente algo más de 80.000 se habrían reflejado oficialmente. La diferencia —más de 140.000 euros— sería la base del reparto interno entre los socios. En uno de los correos se plantea distribuir parte de ese dinero junto a cantidades procedentes de préstamos y remanentes anteriores, con el argumento de protegerse ante posibles procedimientos judiciales.
Frente a estas acusaciones, Borja Suárez rechaza tajantemente la existencia de una contabilidad B o de pagos en negro. El dirigente político asegura que nunca ha percibido dividendos de la sociedad y que los ingresos que ha recibido corresponden exclusivamente a devoluciones de préstamos. También niega haber participado en reuniones donde se repartiera dinero en efectivo y cuestiona la autenticidad de los correos mencionados.
En la misma línea, otro de los responsables de la empresa, Koldo Madariaga, afirma no reconocer los hechos descritos y pone en duda la veracidad de las pruebas. Atribuye las acusaciones al conflicto surgido tras la salida de los dos exsocios, con quienes la relación terminó de forma tensa y desembocó en acciones judiciales. Según explica, la empresa atravesó dificultades durante la pandemia y vivió un proceso interno complicado que derivó en desacuerdos económicos.
Madariaga también subraya que la compañía, dedicada principalmente a la organización de eventos como bodas, ha experimentado un crecimiento relevante, con una facturación que en algunos ejercicios ha superado el millón de euros. En ese contexto, considera que las acusaciones podrían responder a una estrategia de presión en el marco de disputas internas.
Paralelamente, la empresa ha estado en el foco por su relación con la administración local. Tal y como se reveló previamente, Eventos El Espino obtuvo varios contratos del Ayuntamiento de Burgos, donde Suárez ejerce como concejal. Tras hacerse pública esta circunstancia, un informe municipal concluyó que dichas adjudicaciones eran inválidas y apuntó a una posible incompatibilidad entre el cargo público y la participación accionarial en la empresa.
Pese a ello, Suárez mantiene tanto su acta como su presencia en la sociedad. Desde la empresa se sostiene que desconocían las limitaciones legales sobre la participación en compañías que contratan con administraciones públicas, y aseguran que actuaron siempre con cautela en este tipo de procesos.
El caso, marcado por acusaciones cruzadas, documentación controvertida y un trasfondo de enfrentamiento societario, podría acabar dirimiéndose en los tribunales, mientras persisten las dudas sobre la gestión interna de la mercantil y su relación con las instituciones públicas.
