El Supremo ha anulado las subvenciones por importe de 3,8 millones de euros concedidas por el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, a una empresa.
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado que no sabía que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, estaba detrás de Orange Market, la filial valenciana de la red, y que esta empresa solo se encargó de los fuegos artificiales del congreso nacional de 2008, celebrado en Valencia.
Bárcenas ha comparecido acompañado de su abogada en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre la gestión de Feria Valencia, donde el PP celebró su XVI Congreso, y ha explicado que el PP nacional pagó la organización del cónclave y el PP valenciano el alquiler de Feria Valencia y la parte lúdica: los fuegos artificiales que preparó Orange Market.
En su comparecencia ha dicho que estuvo en Valencia en una cena, junto con Francisco Camps, Ricardo Costa, Ana Michavila, Álvaro Lapuerta, Ángel Acebes, Cristóbal Páez y Marilar de Andrés, para determinar la distribución de gastos y «quedó claro y perfectamente definido» que el PPCV asumiría el coste del alquiler del recinto, ya que «fue una petición de Valencia» que fuera aquí el cónclave.
Ha precisado que se acordó que el PP nacional convocaría un concurso para adjudicar a una empresa un congreso de estas características, «sensiblemente caro», y el PP regional decidiría en qué instalaciones se haría y asumiría el coste del alquiler y también el gasto de la «parte lúdica» que querían que hiciera Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel.
El Supremo anula una ayuda de Guerrero
El Supremo ha anulado las subvenciones por importe de 3,8 millones de euros concedidas entre 2002 y 2006 por el entonces director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, a la empresa Matadero de la Sierra Morena, S.A., que deberá devolver el total del dinero cobrado.
Guerrero es uno de los principales acusados en el caso de los ERE, por presunta prevaricación y malversación al dar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma «arbitraria» y «sin control», según el auto de apertura de juicio firmado por la Audiencia de Sevilla. Podría ser condenado hasta por ocho años de cárcel.
El alto tribunal ha constatado en este caso «la grosera omisión» de los trámites elementales que deben seguirse para dar una subvención pública, que se concedió «sin más base ni soporte que la decisión del citado director general».
Nuevo archivo en los ERE
La instructora del caso ERE, María Núñez, ha archivado una pieza separada en la que investigaba al obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos, por una ayuda de 300.000 euros para un centro geriátrico, ya que «más que delincuentes, podrían considerarse víctimas o perjudicados por la actuación» de la Junta.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la jueza considera que «ninguna responsabilidad penal» se puede atribuir a los beneficiarios de las ayudas otorgadas por la Dirección General de Trabajo con Javier Guerrero al frente, cuya «gestión y tramitación» -añade- se podría calificar «como caótica por el desorden en la tramitación de los expedientes», algo de lo que «no se puede responsabilizar al ciudadano».
La jueza archiva la pieza tras asegurar que la ayuda que recibió en 2009 el Obispado de Cádiz para mantener 50 centros de trabajo de un centro geriátrico bajo su gestión durante unas obras «no cabe la menor duda» de que se solicitó «porque se considera justa y adecuada, con una finalidad lícita» y que el dinero llegó a «los 50 trabajadores, y no al Obispado».
Y esta no es la única pieza que archiva, ya que la juez Bolaños también ha dado carpetazo a la pieza separada sobre una ayuda de la Junta para 57 prejubilaciones en Azucareras Reunidas de Jaén.
Los publicistas cuentan su relación con Gürtel
Directivos y empresarios del sector de la publicidad han testificado este jueves en el juicio de la rama valenciana de Gürtel que fue Orange Market, una de las empresas de la trama corrupta, la que encargó la campaña del PP de Valencia para las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
La Audiencia Nacional ha reanudado esta mañana la vista de esta causa seguida contra diecinueve acusados de una supuesta financiación ilegal del PP de Valencia para la citada campaña de 2007 y la de las elecciones generales de 2008.
Entre ellos que se encuentran el exsecretario general del PP de Valencia Ricardo Costa, el exvicepresidente del Gobierno valenciano Vicente Rambla y el presunto líder de la trama, Francisco Correa.
Este jueves han declarado como testigos varios publicistas han manifestado que Orange Market les contrató por un total de más de medio millón de euros para publicidad en vallas, autobuses, cabinas telefónicas y otros soportes, así como para anuncios en prensa y radio para la campaña de 2007.
