El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado el trámite para la concesión de los indultos al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y a otros ex altos cargos del PSOE condenados por la trama corrupta de los ERE, el expolio de 679 millones de euros de fondos públicos repartidos de forma arbitraria y sin control.
Nueve excargos socialistas de la Junta de Andalucía, incluido Griñán, que fue condenado a seis años de cárcel, solicitaron hace un año el indulto. Estando en funciones —y mientras todo el Ejecutivo negocia con ERC y Junts— una nueva investidura a cambio de la amnistía a los condenados por el golpe del 1-O, el Ministerio de Justicia que dirige Pilar Llop ha iniciado el procedimiento para el perdón de los delitos.
«No ofrece duda la vinculación del expresidente Griñán, no sólo con la presupuestación sino con la gestión de los fondos, actuación esta que no puede ser calificada como ajena, desconocida o desconectada con el ejercicio de sus funciones públicas», recogió la sentencia de Tribunal Supremo. «Tuvo conocimiento también de las ilegalidades que se venían produciendo en la concesión y pago de las ayudas, haciendo posible con su pasividad que esta situación se prolongara», añadió. Ahora el Gobierno inicia su indulto.
Atrás quedan los tiempos en los que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, decía que «no tenía sentido» que un político indultara a otro político, y afirmaba sentir «vergüenza» de los indultos a políticos concedidos por los gobiernos del PSOE. En concreto, en una entrevista en 2014, Risto Mejide hizo referencia al indulto de Alfredo Sáenz, condenado por presentar una denuncia falsa cuando era presidente de Banesto. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le indultó en 2011. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria llegó a calificar la medida de «intromisión». «Lo sé y lo siento mucho, y pido perdón a la ciudadanía por ello (…). Es una decisión del Gobierno… y yo he dicho públicamente que uno de los principales errores fue ese indulto. Lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos», señaló Sánchez.
En el Congreso, estando en la oposición, propuso reformar la ley del indulto «para excluir de su ámbito los delitos cometidos por cargos públicos». En junio de 2014 reclamó que los indultos «no sean por causas políticas, que se aprueben siempre a propuesta del tribunal que emite la sentencia», y que «se limiten a casos muy tasados de causas humanitarias o de exceso de pena». Y en 2015 y 2016, en contexto prelectorales el dirigente socialista repitió el mismo mantra.
