El ministro español de Exteriores, Alfonso Dastis, ha confiado en que el 1 de octubre (1-O) no se producirán choques pese a que el Parlamento de Cataluña ha dado un paso más hacia esa consulta con el rechazo del Tribunal Constitucional.
«Yo espero que no, que todos somos personas decentes y civilizadas en España», ha enfatizado Dastis a Efe sobre la posibilidad de que se produzcan enfrentamientos en la calle si partidarios del referendo insisten en ir a las urnas pese a la suspensión cautelar de la consulta dictada por el Tribunal Constitucional.
El jefe de la diplomacia española se ha pronunciado así a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) en Tallin, después de que el Parlamento de Cataluña aprobara a la llamada Ley de Transitoriedad, que prevé convertir Cataluña en una república independiente.
La propuesta salió adelante tras otro bronco y maratoniano debate parlamentario con los votos a favor de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y sin la presencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, que se ausentaron del hemiciclo como hicieron con la votación de la Ley del Referéndum. En estos debates Carme Forcadell, presidenta de la Cámara, dio muestras de su faceta más cívica:
VIDEO Forcadell a un diputado de Ciudadanos: “Usted aquí no habla” https://t.co/Q89nwPoc3b pic.twitter.com/uLUzxYc3Do
— ElSaqueoCatalan (@ElSaqueoCatalan) 7 de septiembre de 2017
El Parlamento catalán dio este paso poco después de saberse que el Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la convocatoria del referendo para el 1 de octubre.
Pese a su aprobación, la propia Ley de Transitoriedad establece que sólo entrará en vigor si se celebra el referendo convocado para el 1-O y gana el «sí» a la independencia.
En ese caso, se crearía un marco legal alternativo al español, en el que Cataluña se constituiría en «una república de derecho, democrática y social», cuya «soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña» y cuyo «jefe de Estado» sería el presidente de la Generalitat.
La ley, que redobla el desafío al Estado, se presenta como la «norma suprema del ordenamiento jurídico catalán» mientras no sea aprobada una «constitución catalana» y establece que las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Cataluña en el momento de entrada en vigor de la ley se continuarán aplicando en lo que no contravengan esta ley y el derecho catalán aprobado después.
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