La maquinaria institucional al servicio de Pedro Sánchez vuelve a dar resultados. El Tribunal Constitucional ha avalado este jueves la ley de amnistía con la que el presidente del Gobierno selló su pacto con el separatismo catalán a cambio de su investidura. Seis magistrados afines al bloque progresista han dado su visto bueno a una norma que ha generado un terremoto jurídico y político sin precedentes en democracia.
Detrás de este respaldo hay algo más que una simple mayoría progresista. El perfil de los seis jueces que hacen posible el blindaje legal del acuerdo con Puigdemont revela una evidente vinculación con el poder político, el PSOE o directamente con el propio Gobierno de Sánchez. Desde antiguos altos cargos hasta juristas con trayectoria militante, pasando por figuras premiadas por el socialismo andaluz, la sentencia que legaliza la impunidad de quienes orquestaron el golpe de Estado se apoya en una mayoría construida a medida.
Conde-Pumpido, la figura clave
El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, fue nombrado en 2017 y ascendió a la presidencia en 2023 con el aval del PSOE. Su cercanía al Gobierno ha sido señalada incluso desde dentro del ámbito judicial. Exfiscal general del Estado durante los años de Zapatero, dirigió desde la Fiscalía casos de fuerte carga política y participó en la creación de estructuras ideológicas como las fiscalías de género o medioambiente. Su control del tribunal ha sido clave para convertirlo en un escudo jurídico del sanchismo.
Montalbán, la ponente condecorada por el PSOE
Inmaculada Montalbán, nombrada a propuesta del PSOE en 2021, ha sido la ponente de la sentencia de la amnistía. Su recorrido institucional está vinculado al feminismo institucional y a organismos como el Observatorio contra la Violencia de Género. En 2012 fue premiada con la Medalla de Andalucía por el gobierno socialista andaluz. Su reciente protagonismo en la anulación de la condena de los ERE evidencia su papel como aliada del oficialismo en causas sensibles.
Sáez, exvocal del CGPJ a propuesta de IU
Ramón Sáez, designado por el Congreso en 2021, mantiene una trayectoria marcada por su vinculación con la izquierda judicial. Fue vocal del CGPJ a propuesta de Izquierda Unida y dirigió sus primeros pasos en la carrera judicial bajo la tutela de Manuela Carmena. Su sentencia absolutoria a los autores del asedio al Parlamento catalán en 2011 refleja su línea de interpretación ideológica.
Segoviano, la magistrada del Supremo promovida tras jubilarse
María Luisa Segoviano, propuesta por el CGPJ, llegó al Constitucional tras una larga carrera en lo social dentro del Supremo. Fue la primera mujer en presidir una Sala del Alto Tribunal y recibió múltiples condecoraciones oficiales. Tras su jubilación, fue rescatada para reforzar el bloque afín al Gobierno.
Balaguer, exmilitante del PSOE y activista feminista
María Luisa Balaguer, que llegó al Constitucional en 2017 a propuesta del Senado, se dio de baja del PSOE cuando accedió al Consejo Consultivo de Andalucía, pero no ha ocultado nunca su sintonía ideológica con el socialismo. Feminista militante, se ha manifestado partidaria de reabrir el debate sobre los crímenes del franquismo y fue una de las aspirantes a presidir el TC.
Díez, el perfil más político
Laura Díez, nombrada directamente por el Gobierno en 2023, es exdirectora general en el Ministerio de la Presidencia de Sánchez y exvicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias catalán. Su carrera ha transcurrido entre cargos técnicos y políticos dentro de la órbita del PSOE y la Generalidad. Fue asesora para la reforma del Estatuto catalán y ocupó cargos clave en Moncloa entre 2018 y 2022.
Con estos perfiles al frente del Tribunal Constitucional, Sánchez logra validar jurídicamente su enésima concesión al separatismo. La sentencia, más allá del contenido legal, refleja la toma del máximo órgano de garantías por parte de una mayoría construida a base de afinidades políticas, cuotas de partido y nombramientos a medida. La «normalización» que promete el Gobierno se consuma así con el aval de seis magistrados que encarnan el proyecto de colonización institucional que ha marcado toda la legislatura.
