El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, apelará este miércoles al consenso para abordar la sostenibilidad del sistema de pensiones en el marco del Pacto de Toledo y defenderá las reformas de su Gobierno, mientras que la mayoría de la oposición le reclamará revalorizar las pensiones según el IPC.
El presidente del Gobierno comparece en el pleno del Congreso a petición propia, para debatir sobre el actual sistema de pensiones, aunque varios grupos parlamentarios habían solicitado que acudiera a la Cámara Baja tras las multitudinarias manifestaciones de pensionistas que reclaman al Ejecutivo una subida de sus prestaciones sin pérdida de poder adquisitivo.
Unas manifestaciones con reivindicaciones justas pero que la izquierda ha querido instrumentalizar para su beneficio electoral. Ya lo advirtió Podemos hace unas semanas cuando anunció que se acercaba una primavera llena de movilizaciones, coincidiendo con el descalabro de la formación en los sondeos.
Críticas de toda la oposición
Como en todos los plenos de este tipo, Rajoy podrá intervenir sin límite de tiempo, mientras que los portavoces tendrán un turno de réplica de diez minutos, y otro adicional de cinco minutos, cerrando el debate el presidente del Gobierno.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha avanzado que el discurso de Rajoy no tendrá «golpes de efecto» ni «ocurrencias» sino que expondrá con «rigor» cómo funciona el sistema público de pensiones.
PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y PDeCAT han lamentado que este pleno no sirva para acordar propuestas conjuntas y afirman que únicamente evidenciará la unanimidad de la mayoría de que el actual índice de revalorización de las pensiones (IRP) debe modificarse.
Los socialistas y los nacionalistas vascos y catalanes urgirán a que las pensiones aumenten el 1,6 por ciento en 2018, que es la pérdida de poder adquisitivo de 2016 y 2017, y apoyarán la suspensión del factor de sostenibilidad, ligado a la esperanza de vida y que entrará en vigor en 2019, para que sea modificado.
Además, todos los partidos políticos de la oposición criticarán la inacción del Gobierno.
Mejorar las pensiones de viudedad
Robles instará a Rajoy a que cumpla con el compromiso de aumentar la base reguladora de la pensión de viudedad del 52 por ciento al 60 por ciento para mayores de 65 años que no perciban otra pensión pública y que mejore las carreras de cotización de las madres trabajadoras.
El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha recordado a Efe que esta iniciativa frente a las pensiones de viudedad fue promovida por su formación, que pactó dicha enmienda con el PSOE.
Los nacionalistas catalanes están a favor de cambiar la fórmula del IRP para que sea «más flexible» y no tenga en cuenta sólo la evolución de los gastos e ingresos del sistema, actualmente en déficit y que impide revalorizar las pensiones más allá del 0,25 %.
Iglesias lo achacará todo a la corrupción
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, instará a la derogación inmediata del IRP y del factor de sostenibilidad y previsiblemente aludirá a los casos de corrupción en los que presuntamente está implicado el PP y que -en su opinión- cuestan 90.000 millones de euros al año, frente a una revalorización que representaría en 2018 cerca de 2.000 millones.
Iglesias criticará, previsiblemente, que la Mesa del Congreso haya avalado este martes -con el voto del PP y Cs- el veto del Gobierno a la tramitación de su proposición de ley que planteaba que las pensiones se revaloricen con el IPC previsto y que, en caso de no cumplirse ese dato, se abonara la diferencia en un pago único.
El PNV también urgirá a Rajoy a que tome medidas «extraordinarias» ante una situación «extraordinaria» y se ha alineado con la tesis de que el 0,25 % no sirve.
Ciudadanos está abierto a ligar las pensiones al IPC pero siempre y cuando se hagan reformas profundas en el mercado laboral y con medidas que fomenten la natalidad, para garantizar que el sistema es sostenible a largo plazo y no son «parches».
¿Quién debate sobre nuestro futuro?
Hace unos días el gobernador del Banco de España sembraba la polémica al sugerir que los jubilados hagan frente a parte de su pensión con sus pisos en propiedad. Los partidos criticaron las declaraciones de Linde, que ya en 2014 advirtió de la insostenibilidad del sistema de pensiones y propuso el incentivo de los planes privados.
Pero esos mismo políticos que critican a Linde ya tomaron nota hace tiempo y gozan de patrimonio y planes alternativos a las prestaciones públicas para garantizarse una ‘jubilación de oro’. Concretamente los representantes de la Comisión del Pacto de Toledo, encargados de dar salida al problema, no tendrán problema para costear su retiro.
Su compañera de filas en el PP y secretaria primera de la citada Comisión, Mar Cotelo, tiene dos viviendas unifamiliares y un local comercial en régimen de gananciales; 39.600 euros en el banco; 65.000 en acciones; el 50% de Hubal Food Industry; el 50% de Bodegas Hueda, que, a su vez, tiene el 10,4% de Bodegas Fuenmayor; así como un seguro de vida por valor del 138.000 y un plan de pensiones de casi 38.000.
La portavoz socialista, Mercé Perea, cuenta con un total de 11 pisos en propiedad (2 en Barcelona, 5 en L’Hospitalet y 4 en Castelldefels), así como más de 21.000 euros en el banco y otros 25.000 en planes de pensiones. Su compañero de partido, Jesús María Fernández, tiene cuatro inmuebles, 450.000 euros en acciones y, atención, 232.000 euros en planes de pensiones.
Juan Pedro Yllanes Suárez, de Podemos, tiene un piso en Baleares; y más de 220.000 euros en cuentas corrientes, seguros de ahorro y planes de pensiones.
Y sus ‘sueldazos’…
Si bien los planes de pensiones privados de los parlamentarios fueron suprimidos en 2011, los más veteranos sí los conservan. Aun así, sus altos salarios les permiten contratar planes alternativos al sistema de pensiones público.
Con la subida del 1,5% decretada por la Mesa para el año 2018, el sueldo base de sus señorías quedará fijado en 2.884,64 euros al mes. A este salario bruto hay que añadirle una indemnización neta por los gastos que ocasione su actividad parlamentaria (dieta) de 870 euros mensuales para los electos por Madrid y 1.823 euros para el resto.
A esto hay que sumarle los complementos en función de los cargos que ocupen los diputados tanto en la propia Cámara (Mesa, portavoces) como en las diferentes Comisiones (presidente, vicepresidente, secretarios…). Estas cuantías van desde los 600 hasta los 3.000 euros dependiendo del puesto.
Por último sus señorías disponen de una tarjeta para sus desplazamientos en taxi por Madrid con un límite de 3.000 euros anuales. Además, si viajan en misión oficial, recibirán 150 euros diarios en concepto de dietas, si salen al extranjero, y 120 euros si el viaje es en territorio nacional.
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