El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio de Asuntos Exteriores en tres ocasiones a «cumplir de manera inmediata» la resolución del 7 de julio de 2023, la cual obliga a publicar las circulares enviadas a los consulados sobre los procesos de nacionalización exprés para descendientes de españoles en el exterior, según la Ley de Memoria Democrática. Esta solicitud fue realizada por el abogado Guillermo Rocafort y adelantada por el diario La Razón, interesado en conocer las disposiciones emitidas por el ministerio dirigido por José Manuel Albares.
Transparencia, en su primera resolución, subrayó que «no son aplicables las causas de inadmisión y los límites invocados», recordando el «derecho de todas las personas a acceder a la información pública» y fallando a favor de Rocafort, quien solicitó las circulares en octubre de 2022. A pesar de ello, hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta.
En diciembre pasado, Rocafort se dirigió nuevamente al CTGB para preguntar si Exteriores había «impugnado» la resolución, a lo que el organismo respondió no tener «constancia» de «ni del cumplimiento ni de la interposición de recurso contencioso-administrativo» por parte del ministerio.
Ante esta situación, Rocafort ha presentado una denuncia contra Luis Cuesta, subsecretario de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, acusándolo de prevaricación y desobediencia. No obstante, Rocafort no descarta solicitar «una rectificación» adicional, considerando que el Gobierno ha prorrogado por un año más la «ley de nietos» que facilita la nacionalidad a los descendientes de españoles exiliados. Según Rocafort, «esas circulares que el Consejo de Transparencia dice que deben ser públicas se mantienen en secreto».
La denuncia de Rocafort, basada en la formulada anteriormente ante la Fiscalía Provincial de Madrid, detalla que el «funcionario denunciado es quien se opuso a desvelar las circulares solicitadas y es responsable de la tramitación del expediente de Transparencia en dicho ministerio y su contumaz negativa a aportar la documentación pública». La Fiscalía, por su parte, informó a Rocafort de su «derecho a presentar denuncia por estos hechos ante los órganos judiciales si lo considera oportuno», tras considerar archivar las diligencias por no detectar indicios de delito, una decisión que Rocafort deplora.
Rocafort omite cualquier referencia a la prensa en la denuncia presentada en los juzgados, destacando que el ministerio «ni ha impugnado judicialmente la resolución en el plazo establecido de dos meses ni tampoco la ha cumplido, por lo que es actualmente firme». La consecuencia es que «ha transcurrido prácticamente un año sin que el denunciado haya aportado las circulares».
El abogado subraya que la falta de acción por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y la elusión de la Fiscalía en abordar la cuestión adecuadamente son inaceptables, y continúa su lucha para que la información pública sea revelada conforme a las resoluciones del CTBG.