La Policía Nacional ha desarticulado en Zaragoza una red organizada de favorecimiento de la inmigración ilegal que cobraba hasta 600 euros por empadronamientos falsos, utilizando contratos de alquiler simulados y recibos bancarios manipulados para regularizar de facto la situación administrativa de extranjeros en la capital aragonesa y en otras ciudades del país.
La operación, dirigida por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), se ha saldado con 18 detenidos, acusados de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal. La investigación permanece bajo secreto de sumario, aunque los agentes sostienen que el entramado funcionaba con tarifas estandarizadas por cada empadronamiento fraudulento.
Los arrestados pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción nº 7 de Zaragoza, que dirige las diligencias desde el inicio de las pesquisas el año pasado. El presunto cabecilla, R. F. J. (España, 1985), y dos de sus colaboradores más cercanos ingresaron en prisión provisional, mientras que el resto quedó en libertad con cargos.
Según fuentes de la investigación, la organización operaba con una estructura jerarquizada en cuatro rangos: captadores, falsificadores, conductores y colaboradores. Desde la cúspide, el líder captaba clientes y colaboradores, cobrando entre 400 y 600 euros por cada empadronamiento falso. Parte del dinero se destinaba a retribuir a la red y el resto quedaba como beneficio directo.
Entre los roles clave figuraba una colaboradora encargada de obtener notas del Registro de la Propiedad para acceder a datos de titulares de viviendas, lo que permitía simular domicilios. Por cada búsqueda percibía una contraprestación que aumentó notablemente al extenderse la actividad a otras comunidades autónomas.
Por debajo, dos falsificadores manipulaban la documentación presentada ante el Ayuntamiento y acompañaban a los extranjeros a las Juntas Municipales. Un tercer nivel lo conformaban conductores que trasladaban a los implicados, gestionaban la documentación falsa y recogían la recaudación. En la base, un grupo de colaboradores completaba el circuito.
La operación vuelve a poner el foco en las mafias que explotan los resquicios administrativos para lucrarse, debilitando el control migratorio y generando agravios frente a quienes cumplen la ley. La Policía mantiene abiertas las diligencias para identificar más beneficiarios y cuantificar el alcance total del fraude, que podría extenderse más allá de Zaragoza.
Fuentes policiales subrayan que la investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones conforme avance el análisis de la documentación incautada y los movimientos económicos del entramado.
