El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aceptado la dimisión de su jefe de gabinete, Antonio Olivera, quien ocupó durante la pandemia la dirección del Servicio Canario de Salud, en el periodo de adquisiciones de emergencia ahora bajo el foco judicial.
Olivera, que ha justificado su salida por motivos personales y familiares, abandona el cargo en un momento en el que está siendo señalado por su papel en las contrataciones del Gobierno canario durante la crisis sanitaria. En particular, por los contratos firmados con la empresa Soluciones de Gestión, del empresario Víctor de Aldama, uno de los nombres centrales del conocido como caso Koldo.
Durante su comparecencia en el Senado, Olivera negó que se hubieran pagado sobrecostes por las mascarillas adquiridas y aseguró que no existieron indicios de irregularidad por parte del Ejecutivo autonómico, presidido entonces por el propio Ángel Víctor Torres. Defendió también que la entrega del material fue más rápida que en otras operaciones similares.
Sin embargo, el caso sigue abierto y la empresa adjudicataria está siendo investigada por la presunta trama de comisiones y contratos inflados que salpica a distintos niveles del aparato político socialista. Olivera ha tenido que declarar en varias comisiones, tanto en el Congreso como en el Parlamento de Canarias, por estas adjudicaciones bajo el estado de alarma.
El ministro ha nombrado como nuevo jefe de gabinete a Roberto García, exalcalde de Artenara, con quien compartió etapa en el Gobierno autonómico. Olivera, por su parte, asegura que continuará colaborando con el proyecto político de Torres desde otros espacios, a pesar de su salida del gabinete ministerial.
La dimisión llega en un contexto marcado por el desgaste del Gobierno en varias instituciones por los escándalos vinculados a las compras públicas durante la pandemia, y vuelve a poner el foco en la gestión de fondos públicos bajo el paraguas de la «emergencia».
