La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ganó las elecciones del pasado mes del mayo al Consejo Fiscal, donde estaban en juego nueve asientos, ampliando su mayoría en un vocal hasta sumar seis, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía la hasta ahora fiscal general Dolores Delgado, perdió la mitad, cayendo a dos, y la Asociación Profesional Independiente (APIF) logró entrar en el órgano asesor.
«Los resultados reflejan el hartazgo de la carrera sobre la gestión llevada a cabo por la fiscal general del Estado», dijo la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
Los comicios constituyeron una auténtica moción de censura a Delgado, que desde que fue nombrada como fiscal general del Estado solo sumó escándalos, y mostró falta de imparcialidad y sesgo «sanchista». Cabe recordar que fue nombrada siendo diputada socialista y ministra de Justicia, decisión que deterioró la imagen de la institución.
Dolores Delgado deja la Fiscalía General «por motivos de salud» tras una política de nombramientos marcada por la cercanía ideológica (y los favores a los miembros de la UPF), la negativa a convocar la Comisión de Ética al no ser de su agrado la composición elegida o el polémico cese del fiscal adjunto al fiscal de sala de menores.
La Asociación de Fiscales exigió en varias ocasiones su dimisión, la última, en marzo, por el papel que jugó en el «caso Stampa» y el “cúmulo de informaciones que acreditan con pruebas documentales que la FGE encubrió ante el Consejo Fiscal, órgano de representación democrática de todos los Fiscales, su intervención en un asunto en que debió abstenerse». Unos meses antes, en noviembre, exigió la dimisión de Delgado por carecer de idoneidad por su directa procedencia de la política y sus «erráticas y sectarias» actuaciones.
«Sus decisiones ante la Fiscalía General del Estado han causado un grave daño al prestigio del Ministerio Fiscal», manifestó la AF, antes de agregar que su permanencia en el cargo era «incompatible con la imparcialidad y los principios constitucionales que rigen» en la institución y exigir la vuelta a una política de nombramientos «motivada en los principios de mérito y capacidad».
