La investigación judicial por la presunta trama que trató de obtener información sensible de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción entra en una fase clave. Este lunes, el juez Arturo Zamarriego recibirá un nuevo material que podría alterar el rumbo del caso: un chat de WhatsApp llamado ‘La compañía’, en el que participaban fiscales, periodistas y responsables políticos vinculados a Podemos, como Pablo Iglesias.
Según información confirmada por The Objective, el empresario Javier Pérez Dolset —que declara hoy como investigado junto a Leire Díez, exmilitante socialista presentada en audios como mano derecha de Santos Cerdán— entregará al magistrado el contenido íntegro del chat.
El grupo, creado en 2020 tras la pandemia aunque sus integrantes se reunían desde 2016, estaba formado por diez miembros, entre ellos el fiscal Anticorrupción José Grinda, la periodista Patricia López, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la responsable jurídica de Podemos, Gloria Elizo.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en ese chat se compartía información relativa al caso Villarejo y se intercambiaban directrices mediáticas y orientaciones jurídicas relacionadas con la macrocausa Tándem, en la que Podemos estaba personado. También se habrían comentado asuntos vinculados a la pieza Dina, que afectaba directamente a Pablo Iglesias y que llevó al juez García-Castellón a expulsarlo como perjudicado tras constatar que la tarjeta del móvil de Dina Bousselham sufrió daños mientras estaba en manos del dirigente político.
El juez Zamarriego podrá ahora examinar si ese intercambio de valoraciones y estrategias condicionó el comportamiento de alguno de los actores procesales durante la instrucción.
La entrega del chat no será el único movimiento de Pérez Dolset. Según fuentes del caso, el empresario también señalará a agentes concretos de la UCO, enmarcando sus actuaciones en un presunto patrón de mala praxis, en línea con la estrategia que Zamarriego investiga: una operación organizada por Díez, Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol para recabar información irregular de la UCO y Anticorrupción con el objetivo de desacreditar investigaciones sensibles que afectaban al PSOE y al Gobierno.
La causa analiza si existió una estructura diseñada para erosionar a mandos de la UCO responsables de casos de alto impacto. Diversos testigos han declarado que se habrían ofrecido contraprestaciones a quienes aceptaran colaborar en esa operación.
El nuevo material que recibe hoy el juez podría ampliar las líneas de investigación y abrir un capítulo inédito dentro del caso.
