La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han recurrido las bases de las convocatorias para el nombramiento de 56 cargos de relevancia en la cúpula judicial por «falta de transparencia», y porque el sistema de selección contiene «graves deficiencias que ponen en duda la imparcialidad del proceso de selección».
Ambas asociaciones, que representan a más de 1.300 jueces y magistrados, recuerdan que esta renovación está considerada como «la más importante de la democracia, ya que las personas que se designen en el Tribunal Supremo estarán en el órgano jurisdiccional más importante de España durante más de 20 años al ser cargos vitalicios».
AJFV y FJI denuncian que el sistema actual de nombramientos judiciales «presenta graves deficiencias en términos de transparencia, claridad en los méritos a evaluar y la correcta ponderación de estos», y afirman que «la ausencia de una baremación con criterios objetivos impide a los candidatos saber si la ponderación de sus méritos en relación con el resto de los candidatos es o no correcta», incumpliendo así «la Carta Magna de los Jueces, el Dictamen del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) número 24 (2021) y los informes de GRECO y la Comisión de Venecia».
Además, manifiestan que estas deficiencias contravienen lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Reglamento de nombramientos discrecionales, «lo que podría llevar a la nulidad de los actos administrativos relacionados» y que «el incumplimiento de las recomendaciones internacionales, la falta de implementación del Plan de Igualdad y el mantenimiento de sistemas discrecionales y subjetivos para los nombramientos judiciales pone en duda la imparcialidad y la transparencia del proceso, y debe ser corregido para asegurar igualdad, objetividad y cumplimiento de la ley».
AJFV y FJI exigen el abandono de la discrecionalidad en los nombramientos y una puntuación concreta para cada mérito «en lugar de depender de criterios subjetivos»; destacan la urgencia de estas medidas para cumplir con la legislación y los compromisos del CGPJ en el Plan de Igualdad; y señalan que el órgano de gobierno de los jueces «no ha adoptado las medidas adecuadas para cumplir con el Plan, una grave infracción que podría invalidar las bases aprobadas».
