En los Juzgados 1 y 2 de Bilbao se ha implementado un nuevo protocolo en las causas sobre violencia machista que obliga a las personas que acceden a los tribunales a usar pegatinas identificativas de distintos colores: azul para los abogados, naranja para los acusados y verde para los testigos.
Esta medida ha generado el descontento entre los abogados y sus clientes que consideran que es «ridícula e innecesaria» y que, además, vulnera la presunción de inocencia.
Aunque sólo se ha aplicado en los juzgados antes citados, su origen no está claro. Fuentes del Gobierno vasco aseguran al diario Abc que no saben exactamente de dónde proviene la idea, pero reconocen que la decisión fue tomada en los propios juzgados, supuestamente para proteger a las víctimas. Sin embargo, también admiten que la medida «podría afectar a los derechos de los denunciados» y aseguran estar analizando la situación para decidir cómo proceder.
Según las explicaciones dadas a uno de los abogados afectados con los que ha hablado el citado diario, el uso de pegatinas surgió tras un enfrentamiento entre las partes de un pleito dentro del edificio judicial. Sin embargo, este abogado cuestiona su eficacia: un presunto agresor puede simplemente cambiar su pegatina por la de su representante, y las víctimas de violencia machista ya se encuentran en una planta separada de los acusados y cuentan con guardias de seguridad. «En veinte años no he visto algo que justifique esta medida. Los problemas con los agresores siempre ocurren en la calle», argumenta.
El Colegio de la Abogacía de Vizcaya también rechaza la medida y ha presentado una queja ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que exige la eliminación inmediata del sistema de pegatinas, al considerarlo una «pena de banquillo adelantada» que contradice los principios de un Estado de derecho. El Consejo General de la Abogacía Española se ha sumado a la denuncia, señalando que obligar a los abogados a llevar pegatinas atenta contra su dignidad, dado que ya cuentan con carnets identificativos. También advierten de que la exposición pública de una persona investigada por violencia machista compromete su reputación, violando el derecho a la presunción de inocencia recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.
