El crimen que consternó Valladolid hace tan sólo unos días —un joven de 18 años apuñalado mortalmente por un menor de 13 en plena calle— ha vuelto a poner encima de la mesa la violencia de las llamadas bandas latinas en Castilla y León mientras el Gobierno impulsa la «regularización» masiva de inmigrantes ilegales.
El caso ha puesto de manifiesto que no es baladí el debate, y que lejos de los temas que normalmente son analizados en Moncloa y Ferraz, la realidad de las calles de nuestras ciudades es otra muy distinta: la convivencia en barrios urbanos, justo cuando la presión por la inmigración ilegal no ha dejado de crecer se ha hecho evidente, y la conflictividad en los barrios, es algo que incluso desde las fuentes oficiales no se puede negar, tal y como de hecho ha publicado LA GACETA esta misma semana.
El caso del crimen de Valladolid es un suceso de libro: estaría relacionado con un enfrentamiento entre grupos juveniles rivales inspirados en bandas latinas como los Trinitarios o los Dominican Don’t Play, que desde hace años mantienen una presencia activa en diferentes zonas de Madrid y otras grandes ciudades, como la capital de Castilla y León. En este caso, a pesar de que, obviamente la investigación continúa abierta, el móvil del crimen parece evidente: y la brutalidad y la edad de los implicados no dejan de alimentar el debate sobre la violencia que acarrea la inmigración, que en no pocas ocasiones ponen en jaque la seguridad de todos, y la propia operatividad de las fuerzas del orden.
Y es que la existencia y actividad de estas bandas no es un fenómeno exclusivo de Valladolid, —aunque sí francamente consolidado en Pucela—. Operativos policiales recientes muestran que las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos contra estas organizaciones. En Madrid, por ejemplo, la Policía Nacional asestó un duro golpe a la banda latina de los Trinitarios con la detención de 16 de sus miembros y el desmantelamiento de dos pisos utilizados como bases de operaciones. Pero, como es evidente, la presión policial no está dando sus frutos.
La investigación reveló que estos grupos no sólo se limitan a peleas entre jóvenes, —no ejercen ya viejos roles que podamos haber visto en repetidas ocasiones en el cine—, sino que también estarían implicados en tráfico de drogas, extorsión y uso de armas blancas, para imponer su control en determinados territorios urbanos. Esta evolución de la delincuencia juvenil hacia estructuras más complejas ha llevado al Ministerio del Interior incluso a preparar restricciones a la venta de machetes, como recientemente publicó este medio.
Cada vez más jóvenes
Uno de los aspectos más inquietantes del caso de Valladolid es la corta edad de la incorporación a la delincuencia. No ya es que sean menores, que lo son; no es que sean adolescentes, es que ni siquiera, en muchos casos, han llegado a la pubertad. La participación de menores de 14 años,—llegan a participar niños de 9 años-–, en reyertas con armas blancas ha sido denunciada por diferentes asociaciones policiales como un problema creciente en barrios de grandes ciudades.
Este esquema se repite sistemáticamente, y se incrementa con los esquemas urbanos que se han ido imponiendo gracias a las distintas «regularizaciones» de inmigrantes ilegales que han ido imponiendo los partidos del bipartidismo. Expertos en Sociología señalan que la exclusión social, las limitadas oportunidades educativas y la falta de alternativas de ocio contribuyen a que algunos adolescentes terminen vinculándose a estos grupos.
Era innecesaria otra «regularización»
Más allá de otras derivadas del proceso de «regularización» del Gobierno de Sánchez, la actualidad, —que suele matar el relato del bipartidismo—, se da de bruces con el asesinato en Valladolid que ha vuelto a sembrar de pánico muchas de nuestras ciudades. Y es obvio que la «regularización»masiva de inmigrantes ilegales, que el Gobierno ha puesto en marcha se pone en solfa precisamente por noticias como ésta.
El efecto llamada, las regularizaciones de delincuentes —incluso presos— o la entrada de cientos de miles de inmigrantes por carretera, han disparado las alarmas en ciertos ámbitos de seguridad: fuentes policiales han advertido de que la verificación de antecedentes podría verse debilitada si los países de origen no responden con rapidez en la transmisión de información, lo que abriría «agujeros» en los mecanismos de control.
Una encuesta reciente muestra que más de la mitad de los españoles rechaza el proceso de regularización. Una opinión incluso mayoritaria entre los votantes de la izquierda. Casi un 40% de los votantes socialistas se declara «poco o nada de acuerdo» con la medida, según publicaba LA GACETA hace menos de una semana.
La tragedia de Valladolid ha encendido por enésima vez todas las alertas. ¿Qué puede ocurrir en España si, como se calcula, casi 1,5 millones de inmigrantes son «regularizados» y una gran mayoría de ellos entran de manera indiscriminada sin ningún tipo de control e incluyendo extranjeros actualmente en prisión por delitos de todo tipo? La respuesta a esa pregunta puede ser perfectamente lo que ha ocurrido en Valladolid.
