Entre las restricciones climáticas en vigor destaca la prohibición de circular en coche en el centro de las ciudades, algo que ha llegado para quedarse pues la medida no depende de los niveles de contaminación que sufra cada ciudad. El coche es culpable por más que se haya demostrado que la incidencia del vehículo en la emisión de dióxido de carbono es ridícula. La prueba del algodón: 2020, el año del confinamiento mundial, batió el récord de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, según datos de la Organización Meteorológica Mundial.
El organismo dependiente de la ONU publicó un informe que indicaba que el dióxido de carbono alcanzó 413 partes por millón en 2020 frente a las 410 en 2019. Es decir, la drástica reducción del uso del coche o el avión no redujo la contaminación. Dato, como vemos una vez más, no mata a relato: la propaganda incesante contra estos medios de transporte influye más que la demostración empírica de su ridículo impacto en el ‘calentamiento global’.
Los recientes cortes de agua, sin embargo, sí tienen una motivación objetiva: la sequía. La Generalidad catalana ha declarado la emergencia en Barcelona por la falta de agua y otros dos centenares de municipios de la región, cada habitante tendrá un consumo limitado de 200 litros al día. Peor parado sale el sector primario catalán: la agricultura reducirá el consumo de agua al 80% y la ganadería al 50% mientras que la industria lo hará hasta el 25%. Un mazazo para el campo en el peor momento posible: estas medidas ponen en riesgo las cosechas del bajo Llobregat y Gerona e impedirán la apertura de nuevas explotaciones ganaderas.
A falta de agua buenas son promesas. Moreno Bonilla propone trasvases entre territorios para combatir la escasez. Una interconexión de cuencas entre provincias, comunidades e incluso países. Es el cuarto decreto de sequía que aprueba el presidente andaluz, que apela, sin decirlo abiertamente, al antiguo Plan Hidrológico Nacional (también el 11-M lo voló por los aires) que el PP llevó en su programa de 2004.
Zapatero, en la mejor tradición socialista, frustró aquella interconexión de cuencas a cambio de unos votos que le faltaban para llegar a la Moncloa. ¿No es maravillosa justicia poética ver ahora llorar a Pere Aragonés por el agua cuando fue ERC quien puso como precio a su apoyo a la investidura de ZP paralizar un proyecto, el trasvase del Ebro, que hubiera beneficiado al conjunto de los españoles?
El PP recuperó el poder en 2011 con una mayoría absoluta con la que pudo retomar el proyecto. En vano, Rajoy pasó de puntillas sin abordar el problema del agua. La urgencia actual es propia de medidas desesperadas o al menos es lo que cree el presidente andaluz, que recurrirá a los barcos cisterna como siga sin llover.
Antes de eso Moreno dio un paso atrás con la ley de regadíos de Doñana que había pactado con VOX. La norma contemplaba que terrenos calificados como forestales fueran considerados suelos agrícolas regables, como reivindicaban los agricultores. Sánchez envió a su vicepresidenta Ribera a Doñana y el PP retiró la ley bajo el pretexto de que hubiera acarreado una multa medioambiental de la UE.
Claro que en Extremadura las cosas no están mejor. El mayor proyecto de regadío en la historia de la región fue dinamitado por el PSOE. Guillermo Fernández Vara fulminó el plan de Tierra de Barros (Badajoz) como desveló el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski. En una carta fechada el 13 de diciembre de 2021, el comisario europeo aseguró que el expresidente extremeño le había pedido «eliminar de su documentación y bases de datos todas las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros, y su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión».
Mientras el campo español agoniza sin agua y las ciudades comienzan a sufrir las consecuencias, los entusiastas de la Agenda 2030 cierran el grifo y frustran cualquier intento de impulsar la interconexión nacional de cuencas. El futuro, según el apartado 6.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no puede ser más árido: «De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda«. Al final, el trasvase del Ebro acaba en Marruecos.
