La política hídrica del Gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto una profunda brecha con el campo del Sureste español. Agricultores y regantes de Alicante y Murcia han reaccionado con indignación tras conocerse el compromiso del Ejecutivo de promover y buscar financiación para infraestructuras hidráulicas en Marruecos, una decisión que contrasta con el mantenimiento de los recortes al Trasvase Tajo-Segura, eje esencial para el regadío en esta zona de España.
La noticia ha sido recibida en el sector como la confirmación de un agravio que se arrastra desde hace años. Mientras el Gobierno consolida una política restrictiva sobre el uso del agua en el territorio nacional, especialmente en cuencas deficitarias, abre la puerta a impulsar soluciones hidráulicas fuera de las fronteras españolas, una paradoja que ha intensificado el malestar entre los productores.
Desde el campo denuncian una falta de coherencia en los criterios aplicados. El Ejecutivo justifica los recortes al trasvase apelando a razones climáticas y medioambientales, pero avala infraestructuras de carácter similar cuando el destino es Marruecos. Para los regantes del Sureste, esta doble vara de medir pone en cuestión la prioridad real que el Gobierno otorga a la seguridad hídrica y al equilibrio territorial dentro de España.
El impacto de esta política se deja sentir en el día a día de las explotaciones agrícolas. Los agricultores afrontan una reducción progresiva del agua disponible, un incremento sostenido de los costes energéticos y una dependencia cada vez mayor de la desalación, una alternativa que consideran insuficiente y económicamente asfixiante para garantizar la viabilidad del sector.
A este escenario se suma la preocupación por la competencia. Los productores hortofrutícolas advierten de que facilitar el desarrollo hidráulico de Marruecos supone reforzar a un competidor directo en los mercados europeos, en un contexto en el que el campo español opera bajo exigencias ambientales y de costes mucho más estrictas.
El descontento no se limita al plano económico. En el Sureste se extiende la sensación de abandono por parte del Estado y la percepción de que las decisiones estratégicas se adoptan de espaldas a los territorios más castigados por la escasez de agua. Una sensación que se agrava cuando los recursos públicos se orientan hacia proyectos en terceros países mientras se restringen las soluciones dentro de España.
El conflicto vuelve así a situar el agua en el centro del debate político y territorial. En el campo del Sureste advierten de que, sin un cambio de rumbo y sin soluciones concretas que garanticen el acceso al agua, la tensión no hará sino aumentar en una de las regiones más dependientes del regadío para su supervivencia económica y social.
