La maniobra exprés del presidente del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha vuelto a colocar en el foco el sistema de aforamientos en España. Gallardo ha recurrido a esta prerrogativa para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quien determine su responsabilidad en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, institución que dejará de presidir este viernes.
Pese a que el PSOE prometió eliminar los aforamientos en su congreso federal de 2014, bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, la realidad es muy distinta. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de Europa, ha vuelto a recomendar a España revisar esta figura legal, que considera un obstáculo para el desarrollo normal de la justicia penal.
Los aforamientos están recogidos en los artículos 71 y 102 de la Constitución y establecen que diputados, senadores y miembros del Gobierno sólo pueden ser procesados por el Tribunal Supremo, y en algunos casos, con autorización previa del Parlamento. El Ejecutivo ha defendido ante el Consejo de Europa que el aforamiento no implica impunidad, pero Greco insiste en que no se han producido avances.
Algunos partidos del Gobierno han abogado también por abrir un debate parlamentario sobre esta figura, defendiendo que ningún político debería temer a la justicia ordinaria. Según el documento, se han producido reformas en seis comunidades autónomas (Canarias, Cantabria, Murcia, Baleares, Aragón y La Rioja) para eliminar o limitar los aforamientos. Sin embargo, el informe de Greco no entra en el ámbito autonómico.
