Entre 2021 y 2025 España emitió 222.740 órdenes de salida contra nacionales de terceros países, según los datos oficiales de Eurostat consultados por LA GACETA. En ese mismo periodo sólo se ejecutaron 26.990 retornos efectivos. La tasa media de cumplimiento se sitúa en el 12,1%, lo que significa que casi nueve de cada diez órdenes de expulsión quedaron sin materializarse.
El año 2025 ilustra con especial claridad esta brecha. Eurostat registró 53.695 órdenes de expulsión, una cifra superior a las 36.775 llegadas ilegales detectadas ese año. Sin embargo, los retornos efectivos fueron únicamente 5.705, lo que arroja una tasa de ejecución del 10,6%. Por primera vez las órdenes superaron las entradas ilegales, pero la capacidad real de devolución se mantuvo en los niveles más bajos a nivel europeo.
La tendencia se repite a lo largo de los cinco años analizados. En 2021 se emitieron 7.800 órdenes y se ejecutaron 3.230 retornos, una tasa del 41,4%. A partir de 2022 el volumen de órdenes se disparó hasta 45.960, mientras los retornos apenas alcanzaron los 3.335, un 7,3%. En 2023 se alcanzó el récord de 64.260 órdenes frente a solo 5.995 retornos, un 9,3%. En 2024 las cifras fueron de 51.025 órdenes y 8.725 retornos, con una tasa del 17,1%, aunque Eurostat advierte de un cambio metodológico que amplió la definición de decisión de retorno.
Entre 2023 y 2025, los años de mayor presión migratoria, se expidieron 127.275 órdenes y se materializaron 18.090 retornos, apenas un 11,5%. En paralelo, las llegadas ilegales en ese trienio sumaron casi 160.000 inmigrantes ilegales. El saldo neto muestra una acumulación constante de ilegalidad que las expulsiones no logran revertir.
España se sitúa habitualmente entre los países de la Unión Europea que más órdenes de salida emiten, ocupando posiciones destacadas en el ranking europeo. Sin embargo, su tasa de ejecución efectiva se encuentra entre las más bajas del bloque. Todos los retornos reportados por España fueron asistidos, con apoyo logístico o material, lo que aumenta el coste sin traducirse en un mayor número de devoluciones.
Esta ineficacia se agrava cuando se observa el capítulo de las solicitudes de asilo. En 2025 España lideró el ranking europeo con 141.035 primeras solicitudes de protección internacional, el 21 por ciento del total de la Unión Europea. Muchas de estas peticiones se presentan justo después de la llegada ilegal. Aunque la tasa de reconocimiento de refugio estricto es reducida, la tramitación de los expedientes y las protecciones humanitarias temporales paralizan durante meses o años la ejecución de las órdenes de expulsión. A finales de 2025 permanecían pendientes en España casi 249.000 solicitudes de asilo.
El resultado de esta dinámica es una bolsa creciente de población en situación ilegal que ni las órdenes administrativas ni los retornos efectivos consiguen reducir de forma significativa. A pesar de los acuerdos bilaterales firmados con países como Senegal o Marruecos y de las visitas de alto nivel destinadas a reforzar la cooperación en readmisión, los datos de Eurostat muestran que la brecha entre la decisión de expulsar y su cumplimiento real se mantiene año tras año.
