El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, está citado a declarar este miércoles como investigado ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación, que supuestamente habría cometido durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia, cuando se acordó el nombramiento de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno y principal investigada en la causa, Begoña Gómez.
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid tiene previsto interrogar a Martín Aguirre a las 13.30 horas, tras haber admitido a trámite una querella presentada por VOX, que finalmente se ha acumulado al procedimiento donde se investiga a la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
La querella de VOX se centra en el nombramiento y funciones de Cristina Álvarez en Moncloa para atender a Gómez, y en la participación que pudo tener en estos hechos Martín Aguirre «por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021».
Según VOX, el ahora delegado del Gobierno era el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez, por lo que atribuye a él, a Álvarez y a Gómez delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. No obstante, el juez Peinado sólo aprecia indicios de malversación en la actuación de Martín Aguirre.
El juez considera pertinente admitir la querella «por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública».
La Fiscalía, en contra de la imputación
Cristina Álvarez empezó a trabajar en Moncloa en el verano de 2018, cuando Martín Aguirre era director del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia. No asumió el cargo de secretario general hasta julio de 2021.
Este detalle es uno de los argumentos de la Fiscalía, que ha presentado un recurso contra la decisión del juez de imputar a Martín Aguirre. El Ministerio Público ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija al instructor, al considerar que es «incomprensible» investigarle.
La Fiscalía sostiene que «no puede pretenderse una participación en un nombramiento que tenía tres años de antigüedad cuando Martín Aguirre asumió el cargo». En el recurso, el fiscal afirma que «no hay indicios de la comisión de hecho delictivo alguno» y que «imputar a una persona de esta forma directa, por hechos vagos e imprecisos, sin exposición ni motivación clara, y con incoherencias, no resulta asumible».
Testigos de Moncloa, Google, Telefónica e Indra
En esta línea de investigación está previsto que también declare este miércoles como testigo Raúl Díaz Silva, coordinador de personal de Moncloa en 2018. Fue identificado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante su declaración como testigo el pasado 16 de abril. El ministro defendió que la designación de Álvarez en 2018 se ajustó a la ley de contratación de personal eventual, aunque se desligó del nombramiento y aseguró que nunca fue su superior jerárquico.
También están citados el responsable de Minsait (filial de Indra), Luis Abril; el jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno; el vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo; y el responsable institucional y de políticas públicas de Google, Miguel Escassi. Deberán declarar sobre las inversiones de sus compañías en el ‘software’ de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, del que presuntamente se habría apropiado Begoña Gómez.
Estaba previsto además un careo entre Cristina Álvarez y Alfredo González, quien tramitó su nombramiento, pero fue aplazado porque Álvarez tenía un viaje programado.
Seis imputados y seis líneas abiertas
Martín Aguirre, representado por la Abogacía del Estado, se suma a la lista de investigados: Begoña Gómez, Cristina Álvarez, el rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyache, el directivo del IE Business School Juan José Güemes y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El juez ha imputado a cuatro de ellos tras tomarles declaración como testigos. A Gómez y Martín Aguirre los ha citado directamente como investigados.
La causa arrancó en abril de 2024 con una denuncia de Manos Limpias, que acusaba a Gómez de haberse aprovechado de su condición de esposa del presidente para recomendar empresarios en licitaciones públicas, como Barrabés. Después, el juez amplió la investigación con querellas de Hazte Oír y VOX.
Actualmente hay seis líneas abiertas: el presunto tráfico de influencias de Gómez, su contratación en la Complutense, la presunta apropiación del software de la cátedra, su dirección del IE África Center, el nombramiento de su asesora Cristina Álvarez, y su implicación en el rescate de Air Europa.
