El diputado del PP Alberto Casero ha llegado al Tribunal Supremo para declarar como imputado en el marco de la causa en la que se investigan determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
Preguntado por la prensa sobre si iba a responder a las preguntas del magistrado instructor Andrés Palomo del Arco, el dirigente «popular», el mismo que se equivocó en la votación del Congreso en la que se aprobó la reforma laboral, ha respondido que sí. «Evidentemente, para eso estoy aquí», ha dicho mientras entraba a la sede judicial por la puerta de la calle del Marqués de la Ensenada.
El juez instructor le ha llamado para que preste declaración voluntaria a las 11.30 horas, ya que no se ha tramitado suplicatorio al Congreso, donde está aforado.
Ha considerado pertinente que comparezca después de una causa en su contra a raíz de la exposición razonada que elevó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo, en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendía que había también indicios de un delito de malversación.
El Juzgado señaló que en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo al Ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto.
En septiembre de 2017, firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
