El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, carga contra la UCO en su defensa ante el Tribunal Supremo por la causa de revelación de secretos. El máximo responsable del Ministerio Público, acusado de filtrar datos confidenciales sobre Alberto González Amador, empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado duramente el informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, denunció que el documento de la UCO contiene «errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias», que según afirman, vulneran los derechos fundamentales del fiscal general, especialmente el derecho a un juicio justo. «Se advierten importantes irregularidades en la inclusión de comunicaciones privadas irrelevantes para la causa y en la interpretación de otros mensajes, lo que genera indefensión», subrayó la Abogacía del Estado.
El caso también afecta a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, imputada junto a García Ortiz por el presunto delito de revelación de secretos. Según la defensa, las comunicaciones privadas incluidas en el informe de la UCO no guardan relación con el objeto de la investigación y han sido malinterpretadas en perjuicio de los acusados.
El magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, ha rechazado estas alegaciones. El juez instructor respaldó el trabajo de la UCO, calificándola como una unidad «altamente especializada y reconocida», y afirmó que «no cabe reproche alguno al informe presentado, aunque la defensa tiene derecho a cuestionarlo». Además, negó la solicitud de García Ortiz de emitir un mandato para que la UCO excluya mensajes privados ajenos al caso en futuros informes, argumentando que no se ha demostrado ninguna irregularidad en su actuación.
El fiscal general había solicitado al Alto Tribunal que diese directrices claras a la Guardia Civil para evitar que se incluyeran datos que, según él, «carecen de relevancia para los hechos investigados». Sin embargo, Hurtado consideró que las pruebas periciales realizadas son válidas y no vulneran los derechos de las partes.
La causa contra García Ortiz surge por la filtración de información sobre el empresario Alberto González Amador, vinculada al entorno político de Isabel Díaz Ayuso. Este caso ha generado una gran controversia por la implicación de altos cargos de la Fiscalía en presuntas irregularidades y pone bajo el foco el uso de información confidencial en investigaciones judiciales.
Con este rechazo del Supremo a las pretensiones de la defensa, el proceso sigue su curso, con un debate abierto sobre los límites de las pruebas periciales y la interpretación de comunicaciones privadas en causas judiciales. La resolución final podría sentar un precedente importante en materia de derechos fundamentales y uso de pruebas en investigaciones penales.
