El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una nueva normativa que establece diversas obligaciones para todos los actores involucrados en la cadena de distribución, con el objetivo de «prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario». Para garantizar su cumplimiento, la ley establece un estricto régimen de sanciones para las empresas que no cumplan con lo dispuesto, contemplando multas que varían en función de la gravedad de la infracción, desde 2.000 euros hasta 500.000 euros.
La nueva normativa ha establecido como uno de sus objetivos «dar respuesta al propósito de producción y consumo responsables de la Agenda 2030, reduciendo la generación de residuos alimentarios en la producción primaria, la transformación y fabricación, la venta minorista y otros tipos de distribución de alimentos, así como en restaurantes, servicios de comidas y en los hogares». Su meta es lograr una disminución del 20% de las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030, en comparación con los niveles de 2020.
En este contexto, todos los actores de la cadena alimentaria, salvo en algunos casos específicos previstos, deberán «contar con un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario (…) y evitar prácticas que dejen los alimentos en condiciones no aptas para su consumo o valorización». Así, los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados tendrán un plazo de un año para disponer de un plan de gestión de desperdicios y establecer convenios con ONG para la donación de alimentos.
