El Gobierno aprobó a finales de octubre a través del Consejo de Ministros una partida de más de 7,4 millones de euros para «la contratación de las obras, suministros y servicios necesarios» para la construcción de un macro centro para inmigrantes ilegales en Fuerteventura y para ampliar el centro de Adeje, en Tenerife.
Con esta inversión se construirá en Fuerteventura un Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) con capacidad para 600 inmigrantes ilegales. En el centro se facilitará el alojamiento y asistencia a todos aquellos inmigrantes que partiendo desde costas marroquíes acaben en la isla. Valorará la situación de los inmigrantes ilegales durante un plazo máximo de 72 horas y con posterioridad serán derivados a otros centros situados en las principales islas del archipiélago.
Por otro lado, en Tenerife, se ampliará la capacidad actual del CATE de Adeje para dar cabida a 350 inmigrantes ilegales más. Según el Gobierno, la capacidad actual de dicho centro «resulta insuficiente» y la inversión económica aprobada se invertirá para «disponer de unas nuevas instalaciones modulares que se ubicarán en terrenos del Ministerio del Interior».
Por último, el Ejecutivo reseña que con esa partida se va a «mejorar y ampliar los servicios y suministros de los CATE de las islas de Lanzarote, El Hierro y Gran Canaria» con el objetivo de prestar una mayor asistencia a los inmigrantes ilegales que continúan llegando cada semana al archipiélago canario.
Así, tras la aprobación de esta inversión económica, el Gobierno habilitará casi 1.000 plazas más para la atención temporal de inmigrantes ilegales recién llegados a las Islas Canarias. La decisión continuará alentando el efecto llamada, según fuentes policiales, que insisten en que la situación en Lanzarote y Fuerteventura es «insostenible» porque «decenas de embarcaciones» siguen saliendo en masa desde Marruecos.
