«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
la compañía se enfrenta a las trabas de Hacienda para contratar y retener talento

El Gobierno de Sánchez bloquea el crecimiento del único fabricante nuclear español en pleno auge global de la energía atómica

Central nuclear de Garoña.

El resurgir de la energía nuclear en el mundo ha situado a España ante una oportunidad industrial que, por ahora, se le escapa. La Empresa Nacional de Equipos Nucleares (Ensa), con sede en Maliaño (Cantabria) y controlada por el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), afronta un cuello de botella que le impide crecer en un momento de máxima demanda internacional. Según diversas fuentes internas, la compañía ha tenido que renunciar a proyectos por falta de personal, limitada por las restricciones administrativas que impone su condición de empresa pública.

Ensa, fundada en los años 70 para abastecer el programa nuclear español, compite hoy en el mercado global con gigantes del sector. Tras la moratoria nuclear decretada durante el Gobierno del PSOE en los años 80, la empresa orientó su actividad al exterior. Sus componentes se exportan a todo el mundo y participa en proyectos estratégicos, como el impulsado por la estadounidense TerraPower, vinculada a Bill Gates, desde finales de 2024.

Sin embargo, el actual ciclo de expansión de la energía nuclear, impulsado por la necesidad de garantizar el suministro energético y por el desarrollo de nuevos reactores modulares (SMR), ha puesto en evidencia las limitaciones estructurales de la compañía. La demanda crece, pero Ensa no puede responder.

El principal obstáculo, según coinciden dirección, plantilla y sindicatos, se encuentra en el propio Estado. El Ministerio de Hacienda, como responsable último del control presupuestario, impone límites que afectan directamente a la capacidad de contratación. La llamada «tasa de reposición» restringe el número de nuevas incorporaciones, mientras que los salarios quedan por debajo de los del sector privado, con diferencias que rondan el 30%.

Esta situación ha desencadenado una fuga de talento que empieza a comprometer la competitividad de la empresa. «Éramos buenos en el sector nuclear, pero a este paso vamos a dejar de serlo. El día que queramos volver, será muy caro y complicado», advierte una fuente interna a El Mundo. En los últimos meses, varios jefes de proyecto han abandonado la compañía, atraídos por mejores condiciones en empresas del norte de España o en multinacionales como Westinghouse o Areva.

Los sindicatos alertan de que la presión del mercado laboral se ha intensificado. «Ya no buscan sólo perfiles de élite, ahora necesitan todo tipo de trabajadores y ofrecen condiciones muy superiores», explican. A esto se suma la falta de estabilización de entre 50 y 70 puestos ocupados desde hace más de un año, pese a la normativa que obliga a regularizar estas situaciones.

Desde la dirección se estima que serían necesarias entre 60 y 80 nuevas incorporaciones para poder atender la cartera actual y las oportunidades emergentes. «Hemos tenido que decir no a potenciales clientes», reconocen fuentes del grupo. Aunque oficialmente no se rechazan ofertas, en la práctica se descartan proyectos antes incluso de presentar candidatura.

Frente a estas críticas, fuentes oficiales de la SEPI sostienen que las necesidades de personal están cubiertas, ya sea mediante la tasa de reposición o con contratos temporales. Aseguran que la plantilla ha crecido en 22 personas desde 2025 y que existen varias convocatorias abiertas en 2026. También niegan que se hayan rechazado pedidos y destacan que la empresa sigue creciendo conforme a su plan estratégico, con decenas de contratos adjudicados el pasado año.

Sin embargo, dentro de la compañía se considera que estas cifras no responden al ritmo real del mercado. Las fuentes consultadas por El Mundo denuncian una «falta de sensibilidad en Hacienda» y aseguran que llevan meses trasladando el problema sin obtener respuesta.

El caso de Ensa refleja un conflicto de fondo: el choque entre la lógica administrativa del Estado y las exigencias de una industria estratégica en plena expansión global. Mientras otros países refuerzan su capacidad nuclear, el Gobierno mantiene atado a su principal fabricante con normas pensadas para otro contexto. El resultado es una pérdida de posiciones en un sector clave para el futuro energético e industrial.

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