El Ayuntamiento de Madrid cerrará el ejercicio 2025 batiendo todos sus récords de recaudación por multas de tráfico. Según los datos oficiales y las proyecciones disponibles, el Consistorio no sólo duplicará la previsión incluida en los presupuestos, sino que superará por primera vez la barrera de los 400 millones de euros anuales, hasta alcanzar los 423,3 millones.
Las cifras revelan la dimensión de un modelo que ha convertido al conductor en un auténtico cajero automático al servicio de las arcas municipales. “Lo que estamos viendo es la consolidación de una fiscalidad paralela sobre el automóvil, que no se debate como un impuesto, pero que actúa exactamente igual: grava de manera masiva y recurrente a quienes necesitan su vehículo para trabajar y desplazarse”. Así lo explica el portavoz de Dvuelta, Pedro Javaloyes, al diario El Confidencial.
Para esta asociación de defensa de los conductores, el Ayuntamiento ha encontrado en las multas, y muy especialmente en las vinculadas a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una auténtica mina de oro que exprime sin disimulo, incluso cuando los tribunales están anulando la inmensa mayoría de esas sanciones.
De acuerdo con los datos del Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de Madrid y las proyecciones realizadas a partir de la recaudación del primer semestre, los ingresos por sanciones de tráfico superarán en 2025 los 420 millones de euros, frente a los 208 millones incluidos en las cuentas aprobadas a finales del año pasado. El incremento alcanza el 103%, más del doble de lo previsto.
En términos absolutos, el Consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida ingresará 214 millones de euros adicionales sobre su propia previsión presupuestaria. Una desviación de tal magnitud resulta difícil de explicar sin asumir que la maquinaria sancionadora se ha convertido en un recurso estructural de financiación municipal.
La tendencia no es nueva. Ya en 2024, el Ayuntamiento superó en casi un 80% la previsión de ingresos por multas recogida en sus presupuestos. La repetición y el agravamiento de este desfase en 2025 confirman que no se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un modelo consolidado de extracción de renta al automovilista.
Hasta junio de 2025, último dato disponible en el portal municipal, Madrid había recaudado 191,3 millones de euros en sanciones de tráfico, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior. Si se proyecta sobre el segundo semestre el comportamiento habitual de ejercicios anteriores —cuando la recaudación supera en un 9,16% a la del primero—, el resultado es una facturación anual que rebasa ampliamente los 400 millones de euros.
Esta cifra sitúa al Ayuntamiento de Madrid casi al nivel de lo que recauda la Dirección General de Tráfico en todo el territorio nacional, excluyendo Cataluña y el País Vasco, que tienen transferidas las competencias sancionadoras. Frente a los 539 millones ingresados por la DGT, Madrid alcanzará los 423 millones, con una diferencia clave: el parque móvil madrileño ronda los dos millones de vehículos, mientras que la DGT controla cerca de 34 millones.
El fuerte incremento de la recaudación responde en gran medida a las sanciones asociadas a las Zonas de Bajas Emisiones, especialmente por accesos indebidos de vehículos sin etiqueta ambiental o sin la autorización requerida. Un régimen recaudatorio especialmente voraz que se aplica incluso en distritos situados a 15 o 20 kilómetros del centro de la ciudad y que convive con un creciente cuestionamiento judicial de su legalidad y de su señalización.
Según las sentencias obtenidas por Dvuelta para sus clientes, los jueces anulan hasta el 98% de las multas relacionadas con las ZBE. La causa principal radica en defectos de señalización que impiden al conductor, y de forma muy particular a quienes proceden de otras provincias, saber con claridad que está accediendo a una zona restringida.
Lo que sobre el papel debería funcionar como una herramienta ambiental se ha transformado, en la práctica, en una fuente millonaria de ingresos para las arcas municipales. Así lo resume la asociación de conductores, que denuncia un sistema sancionador cada vez más alejado de cualquier objetivo pedagógico o medioambiental.
